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Lunes 13 de Junio de 2011
Argentina enfrenta una gran presencia de propietarios extranjeros en su suelo. La defensa del territorio y una iniciativa nacional.
Tal como sucedió hace poco más de cinco siglos atrás, hoy asistimos a nuevas formas de colonización que continúan obstaculizando el derecho a la libre determinación de nuestro pueblo. Una de ellas es el proceso de extranjerización de tierras en zonas del territorio nacional que son estratégicas desde el punto de vista de los recursos naturales no renovables, la agricultura y zonas de frontera.
Las cifras asustan. Se calcula que de 170 millones de hectáreas cultivables que tiene el país, unas 20 millones están en poder de extranjeros, es decir, casi el 12 por ciento.
Los intereses de los inversores foráneos apuntan a determinadas zonas geográficas claves para el aprovechamiento actual o la futura explotación de recursos específicos. Agua, selva, bosques, minerales, madera y riqueza turística, todo vale a la hora de comprar tierras en el país para hacerse de recursos estratégicos que, con el transcurrir del tiempo, se harán cada vez más vitales para el desarrollo humano y empresario.
La avanzada llega desde diferentes latitudes y va más allá de los renombrados casos, como el de Douglas Tompkins, que posee 350.000 hectáreas en Corrientes, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego; o el del empresario italiano Benetton, que puede disfrutar de unas 970.000 hectáreas en la Patagonia argentina.
También hay capitales italianos con 418.000 hectáreas en La Rioja (con un pueblo adentro), australianos con casi 68.000 hectáreas en Salta y Formosa, alemanes e italianos con más de 120.000 en San Luis, grupos chilenos que compran campos en Misiones y Cuyo, capitales chinos acceden a tierras en el Noreste Argentino y las cifras siguen en todas las provincias argentinas.
La venta de tierras a extranjeros posee una clave que tiene que ver con lo que se conoce como “franja de seguridad”. Esta zona comprende un espacio de 150 kilómetros de frontera que abarca la cordillera y su importancia radica en que comprende una porción con agua dulce, minería, petróleo y otros recursos.
Concentrémonos en la provincia de Mendoza. En los últimos quince años, inversionistas extranjeros compraron miles de hectáreas en el Valle de Uco y en San Rafael, atraídos por las excelentes cualidades para el desarrollo de la industria vitivinícola.
A fines de 2001, en una oscura transacción, inversores malayos se quedaron con 250 mil hectáreas en Malargüe (último departamento del Sur argentino), cuando el actual gobernador de la provincia, Celso Jaque, era su intendente. El caso se transformó en un escándalo cuando se hizo público que las tierras enajenadas incluyen una zona de 1.000 hectáreas que son propiedad del Estado provincial, donde se encuentran pozos de petróleo, una escuela, un pueblo y lugares turísticos como el pozo de las Ánimas y Valle Hermoso. Como si esto fuera poco, los planos que aprobó Catastro tienen serias irregularidades en la medición de las tierras.
Hoy se calcula que inversionistas foráneos ya son dueños de aproximadamente medio millón de hectáreas de Mendoza, lo que equivale a decir que todos juntos podrían sumar la superficie del municipio de Luján de Cuyo. Más de 250.000 hectáreas están en manos de capitales italianos, franceses, holandeses, españoles, ingleses y estadounidenses, entre otros; y las restantes 250.000 hectáreas, que es prácticamente la misma cantidad de tierras irrigadas en la provincia, en las ya mencionadas manos malayas.
Este proceso de neo-colonización, al igual que hace cinco siglos atrás, también ocupa medios violentos. Una manifestación de ello tuvo lugar el pasado martes 24 de mayo, en el departamento de Las Heras, en el límite con San Juan. Allí la empresa Argenceres, comandada por el millonario español Antonio José Marchal, aprovechó la muerte de un puestero para derrumbar el hogar y correr cinco kilómetros los límites de su propiedad.
Argenceres es una empresa olivícola que posee en nuestra provincia aproximadamente 50 mil hectáreas de campo. El proyecto en el lugar de los hechos es conocido como finca Doña Carmen, de 32 mil hectáreas, aunque luego de esta acción en la página web de la empresa hablan de 38 mil hectáreas.
La Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra de Mendoza realizó una dura acusación en contra de la empresa, por usurpación de tierra y destrucción de un hogar, y el caso fue remitido a la justicia. Aseguran, además, que la empresa actúa sin estudios serios de impacto ambiental, utilizando el agua de las vertientes y napas de agua justo en la naciente.
También los campesinos denunciaron el hecho ante las autoridades e instalaron una carpa en el lugar y por ello han sido amenazados alegando que se los imputará por usurpación y “daño”.
En suma, la extranjerización de nuestras tierras tiene graves consecuencias sociales y económicas. Entre los riesgos de esta situación podemos mencionar la pérdida del control nacional sobre el territorio y los recursos naturales estratégicos, es decir, pérdida de soberanía; el desplazamiento forzado de pueblos originarios de sus tierras; la expansión de modelos tecnológicos “importados” y en muchos casos, depredatorios de los recursos naturales; la pérdida de la cultura y del arraigo de la población en el medio rural y la dificultad de controlar, mediante legislación, la influencia de los procesos de la economía globalizada sobre estos hechos.
En este sentido, debemos realzar la importancia de la iniciativa presidencial de enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley para poner freno a la extranjerización de tierras en la Argentina. El mismo establece un límite del 20 por ciento de las hectáreas cultivables totales del país, y un total de 1.000 hectáreas por zona, a la posesión que puedan hacer personas físicas o jurídicas foráneas, estén o no afincadas en el país. Asimismo, y atendiendo al gran déficit en la información catastral, el proyecto contempla la realización de un censo para crear un registro único de tierras rurales. Otro punto a tener en cuenta es que, en miras de la seguridad jurídica, no se afectan los derechos ya adquiridos.
El proyecto, lejos de representar una legislación xenofóbica, prohibitiva o refractaria a las inversiones extranjeras responsables, se basa en legislaciones de países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Francia e Italia; y tiene una gran importancia desde el punto de vista económico y social, ya que busca proteger un recurso estratégico como es la tierra, uno de los pilares de la economía argentina.
Además, dicha reglamentación resulta imprescindible para mantener los recursos, vitales en el siglo XXI, en órbita y competencia nacional sin que ello signifique desalentar la inversión extranjera.
Esperamos que el Congreso acompañe esta iniciativa, aprovechando una oportunidad histórica para avanzar en la profundización de cambios estructurales que garanticen la soberanía y la independencia nacional del pueblo argentino, en detrimento de los intereses capitalistas extranjeros.
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