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La "acumulación mediante la guerra" ha permitido configuraciones no campesinas de lo rural, adecuando el campo a la nueva interrelación entre el latifundio especulativo y la inversión transnacional en infraestructura, especialmente vías de comunicación e industrias extractivas, agrícolas o forestales.
Finalizando el año 2010, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, dio a conocer el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Prosperidad para todos (1). En el texto se aborda la construcción de un modelo de ruralidad pensado desde las lógicas del capital (2). El campo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, PND, es funcional al mercado, principalmente externo, recogiendo lo hecho por Álvaro Uribe en sus administraciones (3). El modelo de ruralidad que expone el texto para estos cuatro años, no es de “reforma agraria”, tal como lo quiere hacer creer el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, sino es de descampesinización del campo, es decir el modelo de un campo sin campesinos (4).
¿De dónde viene y hacia dónde va el campo colombiano?
El campo ha sido el escenario de la confrontación armada y desde donde ha salido el grueso de las más de cuatro millones de personas internamente desplazadas, lo que va unido con el abandono forzado y el despojo de bienes, presentándose, de un lado, el desplazamiento forzado y el despojo como consecuencia del conflicto; y por otro lado, el conflicto como consecuencia de la necesidad de desplazar y despojar, es decir en Colombia “no solo hay desplazados porque hay guerra, sino especialmente hay guerra para que haya desplazados” (5).
El campesinado, los afrodescendientes y los indígenas han sido obligados a abandonar 5,5 millones de hectáreas correspondientes a sus tierras y territorios (6), beneficiándose de esta situación empresarios nacionales y transnacionales, de la economía legal e ilegal, y el mismo Estado. Para el caso nacional, lo anterior ha sido llamado acumulación mediante la guerra (7), y ha permitido configuraciones no campesinas de lo rural, adecuando “el campo a la nueva interrelación entre el latifundio especulativo y la inversión transnacional en infraestructura, especialmente vías de comunicación e industrias extractivas, agrícolas o forestales” (8).
El campo sin campesinos se manifiesta en: el ofrecimiento de 47.767.887 millones de hectáreas (casi la mitad del territorio nacional) para exploración y explotación de petróleo en la Ronda Colombia 2010, de las cuales se adjudicaron alrededor de 9,5 millones de hectáreas; el interés por duplicar la producción nacional de carbón y de oro para el año 20199; y la proyección de aumento a la totalidad del área potencial en palma africana (3.273.282 Has.) y caña para etanol (3.891.221 Has.), cultivos que se encuentran en 357.047 y 31.401 hectáreas, respectivamente10; entre otras apuestas. Las anteriores cifras deben obligatoriamente ser comparadas con las dos millones de hectáreas, ofertadas por Santos para reparar a las víctimas del desplazamiento y el despojo.
Las bases del PND 2010 – 2014
Los planteamientos sobre lo agrario se centran en la necesidad de “políticas integrales para el desarrollo rural orientadas a mejorar el acceso de los hogares rurales a activos productivos y al mejoramiento de sus capacidades para aprovechar estos activos, de forma que puedan superar su condición de pobreza e integrarse en condiciones justas y competitivas al mercado”. El texto inicia con un diagnóstico que da cuenta del atraso del sector rural frente a otros sectores de la economía nacional, atraso que se incrementó, según las cifras que expone el mismo documento, durante el gobierno Uribe.
Llama la atención la lectura capitalista con la que se plantean y analizan las problemáticas identificadas en el documento para el campo11. De los elementos expuestos en el diagnóstico y que alimentan el debate sobre las políticas agrarias en el país, son resaltables:
(i) el silencio frente a los 18,1 millones de hectáreas carentes de vocación para uso ganadero, que actualmente están siendo usadas con este fin;
(ii) el reconocimiento hecho a los altos costos de producción de cultivos, cuyo 40% va a dar a las manos de las empresas productoras de fertilizantes, semillas y plaguicidas;
(iii) la evidencia, del elevado costo de producción en Colombia de los cultivos “promisorios”, caso Palma africana, sostenidos gracias al capitalismo burocrático;
(iv) el interés por incentivar la inversión y el riesgo financiero en los campesinos; y
(v) el reconocimiento de las condiciones de pobreza que viven los campesinos colombianos.
Eduardo Sarmiento al hacer una lectura sobre la evolución del sector agrario presentada en el diagnóstico, señala: “los fracasos se originaron en diagnósticos inspirados en el libre mercado y […] su mantenimiento conduc[e] a replicarlos”12.
En cuanto al enfoque de política, el PND considera al sector agropecuario y rural como una locomotora de crecimiento, partiendo de lo que sería un aumento sostenido de la producción, por encima del promedio nacional, lo cual es bastante paradójico, si se contempla lo indicado en el mismo texto sobre la evolución sectorial. El crecimiento estaría fundamentado en el aumento en la competitividad y productividad, lo que, desde una lectura capitalista, se entiende como un uso no campesino de la tierra. Planeación erradamente asocia baja competitividad y productividad con agricultura campesina, por lo que propone transformar ésta a agricultura capitalista, desconociendo que:
(a) la finalidad de la economía campesina, no es la maximización de la ganancia en el proceso de producción de alimentos, sino la existencia, el desarrollo digno de las dimensiones de la vida y el ejercicio de los derechos humanos;
(b) entre más pequeños son los predios, mayor es el porcentaje de éstos dedicado a producción agrícola, es decir, la parcela campesina es productiva, el latifundio es improductivo13; y
(c) la participación de los campesinos en la producción agrícola es del orden del 67%14.
Por otra parte, en el Plan se incluyen apoyos temporales para la superación de barreras que impiden la competitividad, pero contrario a los apoyos entregados a algunos sectores agroindustriales (como el de las flores y los agrocombustibles), se señala la necesidad de implementar compromisos de innovación verificables para “evitar” la “simple transferencia de ingresos de la sociedad a ciertos grupos de particulares”15.
Para superar los “cuellos de botella” del sector, se proponen siete lineamientos estratégicos:
(1) incrementar la competitividad de la producción agropecuaria;
(2) promover los encadenamientos productivos y la agregación de valor;
(3) ampliar y diversificar los mercados agropecuarios externos e internos;
(4) promover esquemas de gestión del riesgo y mejorar las condiciones para las inversiones en el campo;
(5) mejorar la capacidad para generar ingresos por parte de la población rural;
(6) promover la equidad en el desarrollo regional rural; y
(7) adecuar la institucionalidad para el desarrollo rural y la competitividad.
Los anteriores lineamientos dan lugar a las metas propuestas, dentro de sus componentes se destaca para el debate sobre lo agrario y la expansión del capitalismo en el campo:
La mínima reducción planteada en el área actualmente en uso sin vocación pecuaria (de veinte millones de hectáreas sólo se reducirían 4 millones cuatrocientas mil), lo que significa que se seguirá protegiendo al latifundio ganadero.
El aumento en área forestal entre el 2010 y el 2019, pasando de 369.203 a 1.394.343 Hectáreas, lo que está asociado con el mercado de carbono originado a partir de los mecanismos de mitigación de cambio climático (que lucrará a sectores privados y generará nuevos conflictos territoriales).
El crecimiento mínimo en el área agrícola propuesto para el periodo 2010 – 2014, pasando de 4.604.094 a 5.032.019 Has, lo que deja ver, la continuidad en la importación de alimentos y la no destinación agrícola del 1.500.000 hectáreas de baldíos a adjudicar en el cuatrienio.
El impulso al biocomercio y al aprovechamiento de la biodiversidad los que contarán con instrumentos financieros para su incentivo empresarial.
La promoción de encadenamientos en condiciones de desigualdad (empresarios y campesinos), en las llamadas Zonas de Desarrollo Empresarial lideradas por la inversión privada y que pueden implicar la transferencia de la propiedad por parte de los pequeños productores.
Ligado al punto anterior, se presentan las estrategias para la formalización de la propiedad y adjudicación de baldíos, pensadas como formas de modernización del campo y de acceso a la tierra, pero principalmente como formas de acceder al mercado, a los servicios financieros y de asegurar la inversión de la banca privada.
El gran ausente en el Plan, es el tema de la concentración de la propiedad de la tierra. Este problema medular del campo colombiano, apenas es abordado al hablar de la redistribución de las tierras resultantes de la extinción de dominio, lo que representa un desconocimiento o un ocultamiento intencional de sus dimensiones. La concentración en la tenencia de la tierra se evidencia en un coeficiente de Gini cercano al 0,8 y en las cifras sobre propiedad: en el año 2000, las fincas menores de tres hectáreas correspondían al 1,7% de la superficie y pertenecían al 57,3% de los propietarios, para las fincas de más de 500 hectáreas estos porcentajes eran del 0,4% y 61,2%, respectivamente16. El problema de la tierra no se soluciona con la extinción de dominio de predios ligados al narcotráfico17, ni con el ordenamiento de los derechos de propiedad, ni con la conformación de Zonas de Reserva Campesina funcionales a las inversiones en el campo del gran capital.
Al analizar el PND se mantiene la tesis de la redistribución de la tierra, de la reparación de las víctimas y de un desarrollo rural que incluya al campesinado a sus formas de tenencia y producción agraria. El movimiento campesino y las organizaciones sociales tienen un importante papel que jugar en este cuatrienio ante las políticas agrarias a implementar, de lo contrario se consolidará el modelo de campo sin campesinos.
Por Freddy Ordóñez / Miércoles 19 de enero de 2011
Colaborador de la Agencia Prensa Rural
Notas:
1. Departamento Nacional de Planeación. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. Prosperidad para todos. Más empleo, menos pobreza y más seguridad. Bogotá: DNP, 2010. El apartado que se analiza en este artículo es el numeral 2, Agricultura y desarrollo rural, del subcapítulo C, Locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo, contenido en el capítulo III Crecimiento sostenible y competitividad. pp. 170 – 186.
2. Es decir desde la maximización de la ganancia, la optimización de costes y de explotación de la mano de obra. Montagut Xavier y Vivas Esther. Del campo al plato. Los circuitos de producción y distribución de alimentos. Barcelona: Icaria, 2009. p. 9.
3. Básicamente toma elementos de: Visión Colombia II Centenario: 2019; Colombia país minero. Plan nacional para el desarrollo minero. Visión al año 2019; las agendas internas para la productividad y la competitividad y el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010. Estado Comunitario: desarrollo para todos.
4. Es particularmente interesante que en el texto analizado únicamente se use tres veces la palabra “campesino”.
5. Mondragón Héctor. La organización campesina en un ambiente de terror. Bogotá: ILSA, 2002. p. 5.
6. Corte Constitucional de Colombia. Auto 008 de 2009. MP. Manuel José Cepeda Espinoza.
7. Mondragón Héctor. Acumulación mediante la guerra. En: Deslinde No 46. Bogotá: Cedetrabajo, 2010. pp. 30 – 36.
8. Mondragón Héctor. La institucionalización del despojo. En: Etnias & Política No. 8. Bogotá: CECOIN, 2008. p. 49.
9. Se duplicará producción minera al 2019, según el Ministerio de Minas y Energía. En Portafolio. Disponible aquí . Se destacan dentro de los planes mineros, la implementación de proyectos de extracción de carbón a cielo abierto en zonas como el Catatumbo (Norte de Santander) y la solicitud de concesión de cuatro millones de hectáreas hecha por la Anglo Gold Ashanti para extraer oro.
10. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Biocombustibles. Disponible aquí
11. Las cuales son: baja competitividad y productividad de algunos rubros que tienen una contribución importante en el PIB sectorial; limitada disponibilidad de infraestructura para el transporte y la comercialización de los productos agropecuarios; limitaciones para ampliar y diversificar mercados y baja capacidad para enfrentar factores exógenos de corto plazo; y dificultad de la población rural para desarrollar su potencial productivo
12. Sarmiento Eduardo. Las locomotoras. En: El Espectador. Noviembre 20 de 2010. Disponible aquí
13. Fajardo Montaña, Darío. Tierra, poder político y reformas agraria y rural. Bogotá: ILSA, 2002. p. 4
14. Forero Jaime. Economía campesina, pobreza, tierra y desplazamiento en Colombia. En: Forero Jaime (Ed.). El campesino colombiano entre el protagonismo económico y el desconocimiento de la sociedad. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2010. p. 70.
15. Departamento Nacional de Planeación. Op. cit., p. 176. Estos grupos de particulares serían campesinos o asociaciones de pequeños productores.
16. Fajardo Montaña, Darío. Op. cit., p. 5.
17. Algunos estudios señalan que “la estructura de propiedad propiciada por los narcotraficantes puede ser menos concentrada que la del latifundio tradicional”. Kalmanovitz, Salomón y López Enciso, Enrique. La agricultura colombiana en el siglo XX. Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2006. p. 334.
Finalizando el año 2010, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, dio a conocer el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Prosperidad para todos (1). En el texto se aborda la construcción de un modelo de ruralidad pensado desde las lógicas del capital (2). El campo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, PND, es funcional al mercado, principalmente externo, recogiendo lo hecho por Álvaro Uribe en sus administraciones (3). El modelo de ruralidad que expone el texto para estos cuatro años, no es de “reforma agraria”, tal como lo quiere hacer creer el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, sino es de descampesinización del campo, es decir el modelo de un campo sin campesinos (4).
¿De dónde viene y hacia dónde va el campo colombiano?
El campo ha sido el escenario de la confrontación armada y desde donde ha salido el grueso de las más de cuatro millones de personas internamente desplazadas, lo que va unido con el abandono forzado y el despojo de bienes, presentándose, de un lado, el desplazamiento forzado y el despojo como consecuencia del conflicto; y por otro lado, el conflicto como consecuencia de la necesidad de desplazar y despojar, es decir en Colombia “no solo hay desplazados porque hay guerra, sino especialmente hay guerra para que haya desplazados” (5).
El campesinado, los afrodescendientes y los indígenas han sido obligados a abandonar 5,5 millones de hectáreas correspondientes a sus tierras y territorios (6), beneficiándose de esta situación empresarios nacionales y transnacionales, de la economía legal e ilegal, y el mismo Estado. Para el caso nacional, lo anterior ha sido llamado acumulación mediante la guerra (7), y ha permitido configuraciones no campesinas de lo rural, adecuando “el campo a la nueva interrelación entre el latifundio especulativo y la inversión transnacional en infraestructura, especialmente vías de comunicación e industrias extractivas, agrícolas o forestales” (8).
El campo sin campesinos se manifiesta en: el ofrecimiento de 47.767.887 millones de hectáreas (casi la mitad del territorio nacional) para exploración y explotación de petróleo en la Ronda Colombia 2010, de las cuales se adjudicaron alrededor de 9,5 millones de hectáreas; el interés por duplicar la producción nacional de carbón y de oro para el año 20199; y la proyección de aumento a la totalidad del área potencial en palma africana (3.273.282 Has.) y caña para etanol (3.891.221 Has.), cultivos que se encuentran en 357.047 y 31.401 hectáreas, respectivamente10; entre otras apuestas. Las anteriores cifras deben obligatoriamente ser comparadas con las dos millones de hectáreas, ofertadas por Santos para reparar a las víctimas del desplazamiento y el despojo.
Las bases del PND 2010 – 2014
Los planteamientos sobre lo agrario se centran en la necesidad de “políticas integrales para el desarrollo rural orientadas a mejorar el acceso de los hogares rurales a activos productivos y al mejoramiento de sus capacidades para aprovechar estos activos, de forma que puedan superar su condición de pobreza e integrarse en condiciones justas y competitivas al mercado”. El texto inicia con un diagnóstico que da cuenta del atraso del sector rural frente a otros sectores de la economía nacional, atraso que se incrementó, según las cifras que expone el mismo documento, durante el gobierno Uribe.
Llama la atención la lectura capitalista con la que se plantean y analizan las problemáticas identificadas en el documento para el campo11. De los elementos expuestos en el diagnóstico y que alimentan el debate sobre las políticas agrarias en el país, son resaltables:
(i) el silencio frente a los 18,1 millones de hectáreas carentes de vocación para uso ganadero, que actualmente están siendo usadas con este fin;
(ii) el reconocimiento hecho a los altos costos de producción de cultivos, cuyo 40% va a dar a las manos de las empresas productoras de fertilizantes, semillas y plaguicidas;
(iii) la evidencia, del elevado costo de producción en Colombia de los cultivos “promisorios”, caso Palma africana, sostenidos gracias al capitalismo burocrático;
(iv) el interés por incentivar la inversión y el riesgo financiero en los campesinos; y
(v) el reconocimiento de las condiciones de pobreza que viven los campesinos colombianos.
Eduardo Sarmiento al hacer una lectura sobre la evolución del sector agrario presentada en el diagnóstico, señala: “los fracasos se originaron en diagnósticos inspirados en el libre mercado y […] su mantenimiento conduc[e] a replicarlos”12.
En cuanto al enfoque de política, el PND considera al sector agropecuario y rural como una locomotora de crecimiento, partiendo de lo que sería un aumento sostenido de la producción, por encima del promedio nacional, lo cual es bastante paradójico, si se contempla lo indicado en el mismo texto sobre la evolución sectorial. El crecimiento estaría fundamentado en el aumento en la competitividad y productividad, lo que, desde una lectura capitalista, se entiende como un uso no campesino de la tierra. Planeación erradamente asocia baja competitividad y productividad con agricultura campesina, por lo que propone transformar ésta a agricultura capitalista, desconociendo que:
(a) la finalidad de la economía campesina, no es la maximización de la ganancia en el proceso de producción de alimentos, sino la existencia, el desarrollo digno de las dimensiones de la vida y el ejercicio de los derechos humanos;
(b) entre más pequeños son los predios, mayor es el porcentaje de éstos dedicado a producción agrícola, es decir, la parcela campesina es productiva, el latifundio es improductivo13; y
(c) la participación de los campesinos en la producción agrícola es del orden del 67%14.
Por otra parte, en el Plan se incluyen apoyos temporales para la superación de barreras que impiden la competitividad, pero contrario a los apoyos entregados a algunos sectores agroindustriales (como el de las flores y los agrocombustibles), se señala la necesidad de implementar compromisos de innovación verificables para “evitar” la “simple transferencia de ingresos de la sociedad a ciertos grupos de particulares”15.
Para superar los “cuellos de botella” del sector, se proponen siete lineamientos estratégicos:
(1) incrementar la competitividad de la producción agropecuaria;
(2) promover los encadenamientos productivos y la agregación de valor;
(3) ampliar y diversificar los mercados agropecuarios externos e internos;
(4) promover esquemas de gestión del riesgo y mejorar las condiciones para las inversiones en el campo;
(5) mejorar la capacidad para generar ingresos por parte de la población rural;
(6) promover la equidad en el desarrollo regional rural; y
(7) adecuar la institucionalidad para el desarrollo rural y la competitividad.
Los anteriores lineamientos dan lugar a las metas propuestas, dentro de sus componentes se destaca para el debate sobre lo agrario y la expansión del capitalismo en el campo:
La mínima reducción planteada en el área actualmente en uso sin vocación pecuaria (de veinte millones de hectáreas sólo se reducirían 4 millones cuatrocientas mil), lo que significa que se seguirá protegiendo al latifundio ganadero.
El aumento en área forestal entre el 2010 y el 2019, pasando de 369.203 a 1.394.343 Hectáreas, lo que está asociado con el mercado de carbono originado a partir de los mecanismos de mitigación de cambio climático (que lucrará a sectores privados y generará nuevos conflictos territoriales).
El crecimiento mínimo en el área agrícola propuesto para el periodo 2010 – 2014, pasando de 4.604.094 a 5.032.019 Has, lo que deja ver, la continuidad en la importación de alimentos y la no destinación agrícola del 1.500.000 hectáreas de baldíos a adjudicar en el cuatrienio.
El impulso al biocomercio y al aprovechamiento de la biodiversidad los que contarán con instrumentos financieros para su incentivo empresarial.
La promoción de encadenamientos en condiciones de desigualdad (empresarios y campesinos), en las llamadas Zonas de Desarrollo Empresarial lideradas por la inversión privada y que pueden implicar la transferencia de la propiedad por parte de los pequeños productores.
Ligado al punto anterior, se presentan las estrategias para la formalización de la propiedad y adjudicación de baldíos, pensadas como formas de modernización del campo y de acceso a la tierra, pero principalmente como formas de acceder al mercado, a los servicios financieros y de asegurar la inversión de la banca privada.
El gran ausente en el Plan, es el tema de la concentración de la propiedad de la tierra. Este problema medular del campo colombiano, apenas es abordado al hablar de la redistribución de las tierras resultantes de la extinción de dominio, lo que representa un desconocimiento o un ocultamiento intencional de sus dimensiones. La concentración en la tenencia de la tierra se evidencia en un coeficiente de Gini cercano al 0,8 y en las cifras sobre propiedad: en el año 2000, las fincas menores de tres hectáreas correspondían al 1,7% de la superficie y pertenecían al 57,3% de los propietarios, para las fincas de más de 500 hectáreas estos porcentajes eran del 0,4% y 61,2%, respectivamente16. El problema de la tierra no se soluciona con la extinción de dominio de predios ligados al narcotráfico17, ni con el ordenamiento de los derechos de propiedad, ni con la conformación de Zonas de Reserva Campesina funcionales a las inversiones en el campo del gran capital.
Al analizar el PND se mantiene la tesis de la redistribución de la tierra, de la reparación de las víctimas y de un desarrollo rural que incluya al campesinado a sus formas de tenencia y producción agraria. El movimiento campesino y las organizaciones sociales tienen un importante papel que jugar en este cuatrienio ante las políticas agrarias a implementar, de lo contrario se consolidará el modelo de campo sin campesinos.
Por Freddy Ordóñez / Miércoles 19 de enero de 2011
Colaborador de la Agencia Prensa Rural
Notas:
1. Departamento Nacional de Planeación. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. Prosperidad para todos. Más empleo, menos pobreza y más seguridad. Bogotá: DNP, 2010. El apartado que se analiza en este artículo es el numeral 2, Agricultura y desarrollo rural, del subcapítulo C, Locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo, contenido en el capítulo III Crecimiento sostenible y competitividad. pp. 170 – 186.
2. Es decir desde la maximización de la ganancia, la optimización de costes y de explotación de la mano de obra. Montagut Xavier y Vivas Esther. Del campo al plato. Los circuitos de producción y distribución de alimentos. Barcelona: Icaria, 2009. p. 9.
3. Básicamente toma elementos de: Visión Colombia II Centenario: 2019; Colombia país minero. Plan nacional para el desarrollo minero. Visión al año 2019; las agendas internas para la productividad y la competitividad y el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010. Estado Comunitario: desarrollo para todos.
4. Es particularmente interesante que en el texto analizado únicamente se use tres veces la palabra “campesino”.
5. Mondragón Héctor. La organización campesina en un ambiente de terror. Bogotá: ILSA, 2002. p. 5.
6. Corte Constitucional de Colombia. Auto 008 de 2009. MP. Manuel José Cepeda Espinoza.
7. Mondragón Héctor. Acumulación mediante la guerra. En: Deslinde No 46. Bogotá: Cedetrabajo, 2010. pp. 30 – 36.
8. Mondragón Héctor. La institucionalización del despojo. En: Etnias & Política No. 8. Bogotá: CECOIN, 2008. p. 49.
9. Se duplicará producción minera al 2019, según el Ministerio de Minas y Energía. En Portafolio. Disponible aquí . Se destacan dentro de los planes mineros, la implementación de proyectos de extracción de carbón a cielo abierto en zonas como el Catatumbo (Norte de Santander) y la solicitud de concesión de cuatro millones de hectáreas hecha por la Anglo Gold Ashanti para extraer oro.
10. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Biocombustibles. Disponible aquí
11. Las cuales son: baja competitividad y productividad de algunos rubros que tienen una contribución importante en el PIB sectorial; limitada disponibilidad de infraestructura para el transporte y la comercialización de los productos agropecuarios; limitaciones para ampliar y diversificar mercados y baja capacidad para enfrentar factores exógenos de corto plazo; y dificultad de la población rural para desarrollar su potencial productivo
12. Sarmiento Eduardo. Las locomotoras. En: El Espectador. Noviembre 20 de 2010. Disponible aquí
13. Fajardo Montaña, Darío. Tierra, poder político y reformas agraria y rural. Bogotá: ILSA, 2002. p. 4
14. Forero Jaime. Economía campesina, pobreza, tierra y desplazamiento en Colombia. En: Forero Jaime (Ed.). El campesino colombiano entre el protagonismo económico y el desconocimiento de la sociedad. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2010. p. 70.
15. Departamento Nacional de Planeación. Op. cit., p. 176. Estos grupos de particulares serían campesinos o asociaciones de pequeños productores.
16. Fajardo Montaña, Darío. Op. cit., p. 5.
17. Algunos estudios señalan que “la estructura de propiedad propiciada por los narcotraficantes puede ser menos concentrada que la del latifundio tradicional”. Kalmanovitz, Salomón y López Enciso, Enrique. La agricultura colombiana en el siglo XX. Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2006. p. 334.
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