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Domingo 12 de Junio de 2011
Un arqueólogo tiene la paciencia y el ojo entrenado de un cazador: puede distinguir un templo donde otros solo ven un cúmulo de tierra. George Chauca tiene, además, la piel tostada, la ropa cubierta de polvo y un enorme sombrero que protege su rostro del sol. Desde enero del 2010 trabaja en esta zona conocida como Era de Pando, un enorme y solitario terreno escondido entre los cerros del valle de Supe, donde el viento remueve la tierra que alguna vez ocupó una civilización casi tan antigua como la mesopotámica y la egipcia: Caral. En febrero de este año, Chauca excavaba en estas tierras de 5.000 años de historia, cuando dos vigilantes privados ingresaron a la zona arqueológica y le informaron que habían sido contratados por la avícola San Fernando, la nueva propietaria de esos terrenos.
La historia de una compra
Unas semanas antes de la llegada de los vigilantes privados, los representantes de la Asociación de Agricultores Era de Pando se acercaron al lugar y le mostraron al arqueólogo las partidas registrales en las que ellos aparecían como los supuestos dueños de ambos predios de 2.116 hectáreas. “Nos dijeron que eran sus tierras y desde entonces hemos sido hostigados”, cuenta Chauca.
Era de Pando fue denominada Patrimonio Cultural de la Nación en marzo del 2000 y, desde el 2005, sus linderos quedaron inscritos en los Registros Públicos. Sin embargo, la historia de sus ocupantes y litigios se remonta a mayo de 1990, cuando el Ministerio de Agricultura le otorgó a la Asociación de Agricultores Era de Pando 2.116 hectáreas de tierras eriazas para que desarrollasen en ellas proyectos de irrigación. La miopía de la entonces Dirección de Reforma Agraria y Asentamiento ignoró que el catastro del patrimonio arqueológico del valle de Supe –elaborado por el Instituto Nacional de Cultura, INC– incluía desde el año 1979 esta zona como protegida.
El lío apenas comenzaba. En 1995, el Ministerio de Agricultura declaró la caducidad del contrato e inició una batalla legal que terminó recién el 2006, dándole la razón a los agricultores. Con el fallo a su favor, tres años más tarde, la asociación de agricultores registró los predios a su nombre.
El lío apenas comenzaba. En 1995, el Ministerio de Agricultura declaró la caducidad del contrato e inició una batalla legal que terminó recién el 2006, dándole la razón a los agricultores. Con el fallo a su favor, tres años más tarde, la asociación de agricultores registró los predios a su nombre.
“En febrero de este año nos enteramos, de pronto, y sin que nadie nos consulte, que la asociación había vendido estos terrenos a San Fernando en diciembre del 2010, a pesar de que el contrato de otorgamiento impedía la transferencia de la propiedad a terceros sin la autorización del Ministerio de Agricultura”, advierte Ruth Shady, jefa de la zona arqueológica de Caral.
La arqueóloga, que en 1997 postuló a Caral como la civilización más antigua de América, luce indignada. Cuenta que, por el momento, la inscripción en Registros Públicos de la propiedad a nombre de San Fernando ha sido tachada por los abogados del Proyecto Caral. “Creemos que se debe declarar la caducidad del contrato porque esas tierras son del Estado y nunca se tomó en cuenta el sitio arqueológico”.
Durante los últimos meses, como resultado de estos y otros sucesos, la Fiscalía Provincial Penal de Barranca investiga por el delito contra el patrimonio a Porfirio Alejandro Blas, presidente de la Asociación de Agricultores Era de Pando. Consultado sobre el tema, Alejandro Blas niega los cargos y sostiene que nunca ha afectado el patrimonio. “Yo tengo toda la documentación que comprueba que nosotros éramos los dueños y que, por tanto, podíamos vender los predios. Fueron ellos los que nos invadieron. Como las cosas se pusieron difíciles, decidimos vender los terrenos”.
¿Que dice la empresa ?
Las 2.116 hectáreas que nunca fueron sembradas ni producidas fueron vendidas a San Fernando por 1’905.183 dólares: casi 900 dólares por hectárea, o 9 dólares por 100 metros cuadrados.
Cuando San Fernando adquirió los terrenos, George Chauca ya investigaba en el lugar. “No hay forma de que ellos no supieran que este era un sitio arqueológico”, dice Chauca. Y eso también lo dice Andrés Sotomayor, gerente del área legal de la empresa San Fernando: “Nosotros sabíamos que ahí había una zona arqueológica, pero eso no es impedimento para realizar la compra de una propiedad. El terreno es muy grande y nosotros no pensamos alterar el paisaje cultural. La instalación de cualquier criadero de pollos contará previamente con su certificado de inexistencia de restos arqueológicos”.
Sobre la compra de estas tierras a los agricultores Sotomayor sostiene que no hay conflicto alguno. “San Fernando es una empresa respetuosa del orden legal vigente y de las acciones de protección del patrimonio. No construiremos los galpones cerca de la zona arqueológica”, asegura.
Sin embargo, los arqueólogos del proyecto Caral insisten en la irregularidad de esta propiedad y temen que estas construcciones sí afecten sitios arqueológicos.
“Si nosotros no decíamos nada, estas tierras se hubieran continuado traficando”, alerta Ruth Shady. La arqueóloga ha llevado su preocupación a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Agricultura, a la policía de Barranca, al gobierno regional, a las municipalidades locales, pero poco la están ayudando. Mientras tanto, la destrucción e invasión de otras zonas arqueológicas del Proyecto Caral continúa impunemente.
Destruccion de templos
Una isla arqueológica es Allpacoto, núcleo urbano que convivió cerca de 300 años con la civilización Caral. Una isla rodeada por hectáreas de chacras y canales de riego que han comenzado a humedecer las débiles paredes de piedra y barro. El arqueólogo de la zona, Marco Bezares, y su equipo cubren todos los días con papel y arena las gradas de la pirámide y los muros más afectados. “Es una forma de detener el poder destructivo de la humedad”.
Una visita fiscal en febrero de este año constató la existencia de construcciones de material rústico al lado oeste de una de las pirámides y de un cartel en el que se leía: “Fundo agrícola San Cirilo-propiedad privada”. Este cartel permanece hasta ahora.
“La ocupación sobre más de 22 hectáreas del sitio arqueológico para destinarlas a actividades agrícolas ha dañado la integridad del asentamiento arqueológico”, denuncia Shady. Se han afectado los principales edificios monumentales coetáneos de Caral, muchos de los cuales presentan frisos y decoración mural. En este caso la fiscalía investiga a Bernardo Vega Corzo. Este Diario intentó comunicarse con él vía telefónica, pero resultó imposible.
También en esta zona y como para coronar el desorden catastral– el Ministerio de Energía y Minas ha aceptado el trámite de Hugo Rosales Almicar, representante de la empresa minera Virgen del Perpetuo Socorro, que pretende explotar material no metálico en 200 hectáreas ubicadas a unos pasos de la zona arqueológica.
Al otro extremo de Allpacoto, en Chupacigarro, la destrucción ha llegado a una edificación monumental. Silos Torres Visitación y su esposa Alcida Solís, quienes se atribuyen la posesión de estas tierras, han colocado una vivienda y extendido sus terrenos de cultivo sobre áreas protegidas. “¡Han construido su casa sobre una pirámide!”, dice indignado, aunque sin perder la paciencia, Marco Bezares.
DATOS & CIFRAS
Patrimoni mundial
La Ciudad Sagrada de Caral fue declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en junio del 2009. Desde entonces, se espera que las autoridades elaboren un plan de ordenamiento territorial que garantice la protección del patrimonio y el avance ordenado de las áreas agrícolas.
Sin ningun plan a la vista
“El retraso en el ordenamiento territorial ha contribuido a que personas inescrupulosas busquen apropiarse de terrenos que contienen patrimonio, e incluso venderlos ilegalmente”, dice Ruth Shady.
2009
Invasion al parador
Un grupo de 14 pobladores del valle, a pesar de poseer casas en el pueblo de Caral y lotes de cultivo, invadió terrenos vecinos al parador turístico. Todos ellos fueron desalojados y denunciados al Ministerio Público.
Responsabilidades
Otra de las personas a las que se acusa de estar detrás de la protestas contra el proyecto Caral es Luis Augusto Loarte Catirre, quien registra antecedentes penales por robo. En marzo del 2000 el Segundo Juzgado Penal de Barranca lo condenó a tres años de pena privativa de la libertad por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado. Había intentado asaltar, junto con otros dos delincuentes, una casa comercial en el distrito de Supe (Barranca).
Denunciado
El proyecto Caral ha denunciado a Bernardo Vega Corzo, representante del poblado de Allpacoto. Según los investigadores, él estaría beneficiando a sus familiares con la venta de lotes trazados sobre zona arqueológica, en una ilegal ampliación del poblado. Por este delito se lo ha denunciado y enjuiciado, exigiéndole que se retire de los lotes recientemente ocupados. Sin embargo, él sostiene, y así se lo ha dicho a los demás pobladores, que la orden de desalojo es para todos los de Allpacoto y no solo para los lotes que él vendió.
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