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Martes 14 de Junio de 2011
La política energética durante muchos años ha sufrido constantemente cambios y debates, más aún cuando fue condicionada por hechos históricos, que siempre han buscado cambios en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales según Teresa Coaquira, analista legal del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
Coaquira comentó que los nuevos cambios en la política energética han buscado dejar de lado la sobreexplotación de los recursos naturales, pero que hasta el momento las políticas extractivitas tomaron mayor fuerza, según los acontecimientos en el área de hidrocarburos.
Esta política consumista y extractivista, promueve las inversiones y en consecuencia provocan los impactos ambientales y el calentamiento global con las continuas catástrofes, apuntó Coaquira.
En la arquitectura ambiental energética pervive la normativa neoliberal que es la Ley de medioambiente 1333, el reglamento de hidrocarburos y la 1604 Ley de electricidad, la Ley de hidrocarburos 3058, la nueva Constitución Política del Estado y el plan de desarrollo energético, en las cuales se mencionan los modos de aprovechamiento de los recursos naturales que aun continúan con grandes vacios, cuenta la representante del CEDLA.
La consulta pública si bien era considerada en la 1333, hasta el momento no se estableció los procesos adecuados, el control exigente a su realización y además se reconocía la protección a los recursos naturales, cosa que no se ha efectiva hasta la fecha.
Intervención en áreas protegidas
La especialista señaló que la explotación en áreas de protección natural y por otro lado el “rentismo”, primordiales en las políticas de desarrollo de países consumistas, han continuado en Bolivia, al igual que el sistema de extracción de los recursos, poniendo en riesgo la subsistencia de las áreas naturales y las mismas comunidades indígenas.
La gestión ambiental no se ha modernizado, no se hicieron las modificaciones pertinentes, no se ha promocionado el desarrollo ambiental de las empresas y aunque existen las auditorías ambientales, se encuentran inconclusas, según Coaquira.
La nueva Ley si bien propone el desarrollo integral y equilibrio con el medio ambiente resguardando los derechos de los pueblos indígenas y la consulta pública tiene mayores exigencias, las empresas petroleras generan mayor presión en zonas de alta sensibilidad, apuntó.
En el año 2004 se tenían 11 áreas reservadas para yacimientos, que afectaban a cuatro áreas protegidas y tenían una extensión de un millón quinientas mil hectáreas.
El problema continuaba cuando las áreas protegidas iban afectándose de forma constante y en efecto cadena. Incluso en la gestión pasada se emitió un decreto que permite que más áreas protegidas sean afectadas de forma intensiva, subrayó Coaquira.
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