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Lunes 23 de Mayo de 2011
El gobierno ordenó este lunes la intervención de las Fuerzas Armadas para poner fin al bloqueo de rutas en la frontera con Bolivia que mantienen los campesinos que se oponen a la explotación minera.
Según una resolución publicada, en una edición extraordinaria del boletín oficial, por el Ministerio de Defensa, la medida regirá desde este lunes y hasta el próximo 11 de junio.
La huelga indefinida en Puno, más de mil kilómetros al sur de Lima, entró este lunes a su tercera semana y durante este tiempo sigue cerrado el puesto de Desaguadero, el principal paso de frontera entre Perú y Bolivia.
El Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur exige al Gobierno de Alan García que prohíba las concesiones mineras en la región de Puno y que paralice el proyecto de la minera Santa Ana, que ya cuenta con una autorización de explotación.
Esta información fue ratificada por el enviado especial de teleSUR a Desaguadero Freddy Morales quien reportó que una comisión de los campesinos en conflicto se trasladó, nuevamente, a Puno para intentar restablecer las conversaciones con los representantes del gobierno peruano.
Sin embargo, Morales precisó que a los manifestantes les ha tomado por sorpresa la medida, luego de que la semana pasada se vieron frustrados los intentos de diálogo con la comisión del Gobierno.
El gobierno peruano cree que el paro no obedece a motivos gremiales ni económicos, sino a propósitos políticos, dada la cercanía de la segunda vuelta electoral.
El decreto difundido este lunes establece que los militares y policías deberán garantizar, según la orden, el normal funcionamiento de servicios como agua, luz y vías de acceso, que han sido bloqueadas por los manifestantes.
"La intervención de las Fuerzas Armadas no implica en modo alguno restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte", concluye el decreto.
Centenares de manifestantes bloquean, desde el pasado 9 de mayo, la principal ruta en la frontera que comunica la región peruana de Puno con la boliviana Desaguadero, en protesta contra el proyecto minero Santa Ana, que explotará un yacimiento de plata que consideran que contaminará ríos y cultivos.
Esta protesta dejó a unos 700 camiones en medio de la carretera sin poder ingresar o salir de Bolivia.
El Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Perú exige al Gobierno de Alan García, que concluye su gestión el próximo 28 de julio, que prohíba las concesiones mineras en la región de Puno, ubicada a más de mil kilómetros al sur de Lima, y que paralice el proyecto de la minera Santa Ana, que ya cuenta con una autorización de explotación.
Los manifestantes aseguran que la explotación minera produce contaminación en el lago Titicaca y el río Desaguadero, entre otros afluentes.
Entretanto, la Cámara del Transporte Internacional de La Paz informó que las pérdidas rondarían los 750 mil dólares.
El técnico de la Cámara de Exportadores (Cadex) de Santa Cruz, Rafael Rivas, afirmó que el bloqueo en el sur peruano perjudicó más al sector de las oleaginosas que exporta soya y sus derivados por el puerto de Matarani (Perú). El sector deberá pagar multas por los contratos que se han incumplido.
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