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Martes 24 de Mayo de 2011
Abandonaban las minas de oro, ubicadas en el norte de Esmeraldas.
Lo hacían a bordo de camiones, los cuales sacaban grandes troncos del bosque; también en motocicletas, en camionetas e incluso caminando.
El peregrinaje se cumplió, luego del operativo militar del sábado último que clausuró 113 campamentos mineros ilegales de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo. “¡Ahora de qué vamos a vivir. El Gobierno nos quita la única fuente de trabajo!”, gritaba, desesperada, María Cortez.
Como esta mujer, madre de cinco hijos, cientos de personas se aprestaban a cruzar el río Cachaví para llegar a la parroquia de San Francisco y de ahí viajar a San Lorenzo o a Ibarra.
“La mina es lo único que nos daba de comer”, decía la mujer.
Aunque Cortez no era empleada de una empresa minera, podía, como hacen decenas de mujeres, ‘playar’ (lavar la arena) en busca de una chispa de oro, junto a la mina.
La muchedumbre avanzaba por los caminos lastrados desde las montañas, en donde están las vetas. Las minas, como la Pura Pepa, instaladas a orillas del río Bogotá, quedaron abandonadas.
En realidad los campamentos mineros son pequeñas casuchas de paredes de madera y techos de zinc. Ahí funcionan cocinas y dormitorios para los jornaleros que perforan, con la ayuda de grandes retroexcavadoras, el suelo en busca del preciado metal.
Según Agapito Landázuri, vecino de San Francisco, los mineros pagaban USD 400 mensuales a los jornaleros y USD 1 000 a los operadores de las retroexcavadoras. “Ese es el trabajo mejor pagado de la zona. Todos se benefician con la minería: los transportistas, los bares, las tiendas…”.
Luego de la acción de los 600 militares, que destruyeron con explosivos los motores de las retroexcavadoras, la gente decidió salir a las ciudades.
“Hasta el momento no hemos cuantificado las pérdidas”, explicó ayer Jesús Constantino, presidente de los Pequeños Mineros del Norte, San Lorenzo.
Dijo que la acción de la Fuerza Pública causó heridas en 20 personas y daños en 100 máquinas. Pero el ministro de Defensa, Javier Ponce, sostuvo que solo hubo un herido y se inutilizaron 67 retroexcavadoras.
Según Constantino, se estudia la posibilidad de iniciar acciones legales, “pues en ninguna parte de la Constitución de la República se autoriza destruir la propiedad privada. Lo que deben hacer es regularizar esta actividad, que da sustento a tanta gente”.
En el norte de Esmeraldas existen alrededor de 100 minas. En cada una trabajaban, en promedio, 20 personas. Es por eso que Constantino calcula que la clausura de las minas afectará directamente a 1 000 familias.
Ponce aseguró que tras el operativo se prevé la asistencia a la población a través de los ministerios de Salud, Vivienda y Educación, así como del Plan Ecuador.
Sin embargo, María Cortez afirmó que sus cinco hijos no pueden esperar. Por eso probará suerte en Esmeraldas, Guayaquil o Quito.
El operativo militar tiene como antecedente el Decreto 754, firmado por el presidente Rafael Correa el 6 de este mes. Allí se crea la Comisión Especial para el control de la minería ilegal, integrada por 11 instituciones del Estado y presidida por el Ministerio de Coordinación de Seguridad.
Según el Decreto, la Comisión decidirá las acciones necesarias, en apoyo a la Agencia de Regulación y Control Minero del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, para el control y eliminación de la minería ilegal.
Ríos contaminados
En el Hospital de Ibarra se recupera David Cortez. Este minero resultó herido de bala en la pierna izquierda.
Un estudio en los ríos Santiago, Bogotá y los esteros María, Sabaleta y Tululibí determinó que la minería contamina las aguas.
Enrique Castillo, comisario de Limones, dijo que la gente apoyó la acción porque el agua estaba contaminada.
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