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Miercoles 20 de Abril de 2011
Este boletín lo dedicamos al tema de la propiedad intelectual aplicada a las variedades de plantas. Boletín N° 420 de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos.
EN SUSPENSO FIRMA DE CONVENIO UPOV 91 POR CHILE
Por Lucía Sepúlveda Ruiz
El gobierno del Presidente Piñera y los obtentores vegetales (nombre de fantasía de la transnacional semillera y agroquímica Monsanto y otros) esperaban que el martes 5 de abril el Senado terminara de aprobar la adscripción de Chile al Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV 91), sin embargo por amplia mayoría de quince votos contra cuatro, y una abstención, los senadores acordaron escuchar primero la opinión de la ciudadanía.
El gobierno del Presidente Piñera y los obtentores vegetales (nombre de fantasía de la transnacional semillera y agroquímica Monsanto y otros) esperaban que el martes 5 de abril el Senado terminara de aprobar la adscripción de Chile al Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV 91), sin embargo por amplia mayoría de quince votos contra cuatro, y una abstención, los senadores acordaron escuchar primero la opinión de la ciudadanía.
Por tanto el proyecto (Boletín Nº 6426-10) que estaba en segundo trámite constitucional luego de su aprobación por la Cámara de Diputados en 2010, deberá ser analizado por la Comisión de Agricultura. Transversalmente los senadores Ximena Rincón, Andrés Zaldívar, José García Ruminot, Hosaín Sabag, Guido Girardi, Antonio Horvath, Alejandro Navarro y Ximena Rincón plantearan dudas sobre sus consecuencias para los productores agrícolas nacionales.
Lucha social y lobby
La reacción parlamentaria es la respuesta a la movilización desarrollada por organizaciones sociales y ambientales ante la reposición de la ley de transgénicos y su avance simultáneo con los proyectos de privatización de la semilla nativa y de firma del convenio UPOV91. El Cabildo Ciudadano de Chillán Viejo (2 de abril), en que participaron más de 40 organizaciones locales, regionales y nacionales presididos por el alcalde de la comuna, Felipe Aylwin y por la Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de BioBio, acordó solicitar al parlamento el rechazo de todas las leyes que pongan en peligro la semilla campesina, por la vía del otorgamiento de nuevos “derechos de obtentor” y la introducción de los transgénicos. Los derechos de obtentor son una suerte de patente que ahora se pretende validar por 20 o 25 años, para hacer dependientes a los campesinos y productores agrícolas de las corporaciones del negocio de la semilla transgénica y los agrotóxicos.
Las demandas del Cabildo de Chillán Viejo al Senado –suscritas por organizaciones campesinas, productores orgánicos, exportadores, consumidores y profesionales- están siendo dadas a conocer a todos los parlamentarios y fueron entregadas directamente a Ximena Rincón y Alejandro Navarro frente a La Moneda, cuando la senadora depositaba allí una maciza carta sobre el mismo tema dirigida al Presidente Piñera. Así confluyeron dos iniciativas ciudadanas antitransgénicos y en defensa de la semilla campesina, desde el sur y centro del país. En la misiva la senadora demandó el retiro del proyecto de transgénicos y el inicio de un amplio debate respecto de todos los proyectos relacionados con el patrimonio genético por la vía de entregar el control de la semilla y los alimentos, a empresas que sólo buscan aumentar sus ganancias. El documento suscrito por organizaciones como la red Socio Ambiental de Valparaíso, Tierra Nueva, la red social Chile sin Transgénicos, RAP-Chile, ANAMURI, OLCA, y Tierra Viva Agricultores Orgánicos entregó antecedentes sobre lo que ocurre en otros países con los monocultivos transgénicos, detallando los gravísimos impactos ambientales, sociales y en la salud de las personas derivados de este cambio en el modo de producción campesino.
En la sesión del Senado, la senadora Rincón mencionó que "el gobierno le ha otorgado urgencia a varios proyectos sobre obtentores vegetales y hemos concurrido junto al senador Navarro a La Moneda para pedirle al gobierno que nos dé tiempo para transparentar e informar a la ciudadanía sobre el alcance de estas iniciativas". El senador Alejandro Navarro afirmó que el hecho que Chile haya firmado tratados de libre comercio no debe impedir el debate en el Parlamento sobre las implicancias de este tipo de Convenios. Informó que "este instrumento ha sido suscrito por 68 países, pero países vecinos como Argentina, Brasil y Bolivia solo adhirieron al instrumento anterior, no a sus modificaciones, porque tienen serias y profundas observaciones". Chile es firmante del convenio UPOV 1978 y al igual que los citados países, podría continuar rigiéndose por ese convenio.
Senador Larraín desinformado
Los senadores se mostraron abiertos a conocer opiniones de agricultores y comunidades indígenas sobre el tema. Por su parte, según se informó en la web del senado, los senadores Hernán Larraín y Carlos Kuschel señalaron que este acuerdo responde a los compromisos adquiridos por Chile tras la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos. Evidenciando su desconocimiento del tema, afirmaron que este convenio permitirá que las invenciones nacionales puedan patentarse, ignorando que en Chile ya hay 600 variedades registradas, entre ellas el boldo, por ejemplo, la mayoría por empresas extranjeras, pero algunas también por entidades chilenas. Las organizaciones campesinas quieren evitar que ese proceso de privatización de la semilla continúe avanzando en detrimento de la pequeña agricultura y en paralelo con la planeada introducción de los transgénicos.
Evidenciando su total ignorancia acerca del convenio que se discutía, el senador Larraín Fernández afirmó que "este convenio no guarda relación con los transgénicos. Se trata de patentar semillas o vegetales”. Justamente lo que se patenta son las llamadas “variedades nuevas” de semillas híbridas o transgénicas, es decir manipuladas genéticamente a partir de las variedades existentes y que forman parte de la biodiversidad. El lobby en favor de este proyecto lo han desarrollado las transnacionales, Chile Bio (Monsanto) y la Asociación Nacional de Productores de Semillas que agrupa a los exportadores de semilla transgénica, un cultivo que sí es legal en Chile y que ellos pretenden extender para el consumo interno.
Otros planteamientos
El senador Zaldívar en cambio, reconoció la implicancia que tiene este convenio con la producción de transgénicos. El senador García Ruminot expresó que le gustaría dimensionar el costo que este convenio tendría para los agricultores, en tanto que el senador Sabag se sumó a las aprensiones por esos efectos en pequeños y medianos agricultores que "no saben de patentes".
El Presidente del Senado, Guido Girardi, sostuvo que el tema de fondo es que "el acervo genético de la humanidad no es patentable y debería ser devuelto a la ciudadanía". Estimó también que la Comisión de Medio Ambiente debe igualmente analizar el convenio porque “tiene que ver con la obtención de semillas, los transgénicos y eso significa que hay muchos pequeños agricultores y comunidades indígenas cuyas especies van a ser patentadas".
El senador Antonio Horvath por su parte opinó que se debe "hacer partícipes de este Convenio a los probables afectados. Chile tiene una gran cantidad de especies y si uno ve el futuro tenemos capacidad de competir por calidad y sello origen con nuestros productos y no por volumen". En cambio para el senador Kuschel el proyecto “conviene a nuestros pequeños productores e instancias que investigan la obtención de semillas.”
La situación actual
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización integrada por gobiernos pero que responde a los intereses de las transnacionales semilleras. Chile es parte de UPOV desde 1996, cuando adhirió a este acuerdo según los términos que lo regían el año 1978 (UPOV 78), creando un registro nacional de variedades protegidas que depende del SAG.
Lo que hoy se iba a votar, es decir que Chile adhiera al Acta 1991 (UPOV91) requiere primero modificar los criterios legales actuales sobre protección vegetal, puesto que la nueva versión del Convenio le da aún más derechos a las transnacionales y obtentores. La ley Nº 19.342, promulgada en 1994 y aun vigente, creó el registro de variedades protegidas y estableció las normas que lo rigen, permitiendo que el país firmara el UPOV78.
Si los términos de esa ley fueran los mismos que los contenidos en el convenio UPOV 91, Chile no tendría para qué modificarla y no tendría razón de ser el nuevo proyecto de Obtentores Vegetales que se discute en el Senado con trámite de urgencia, ni se estaría pidiendo derogar la ley 19.342.Por eso las organizaciones ciudadanas, junto a los senadores Rincón y Navarro han pedido al gobierno detener la urgencia en el análisis del proyecto de Ley de Obtentores (de privatización de la semilla nativa) de manera que exista un debate informado y previo a la votación respecto del convenio UPOV 91, íntimamente ligado a ese proyecto de ley, ampliamente rechazado por las organizaciones campesinas, de consumidores y ambientales
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PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES,"TEMAS PENDIENTES" EN ACUERDO ECUADOR-UE
EcuadorInmediato.com
Lunes, 11 de Abril de 2011
Europa quiere que sus empresas puedan acceder a la investigación de la biodiversidad ecuatoriana
Las normas de propiedad intelectual en Ecuador, que reconocen los conocimientos ancestrales sobre usos de plantas, y la protección de los datos de prueba de las patentes "son temas pendientes" para lograr un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), según la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).
El director jurídico de la CCQ, Marco Albán, explicó a Efe que la Constitución ecuatoriana, aprobada en 2008, prohíbe la apropiación científica de los saberes ancestrales en materia de biodiversidad, lo que entra en "conflicto con el desarrollo farmacéutico y agrícola" y dificulta un acuerdo con la UE.
Según Albán, por ese motivo los inversores extranjeros "no se sienten protegidos" en Ecuador para hacer sus investigaciones.
La UE quiere que sus empresas puedan acceder a la investigación de la biodiversidad ecuatoriana, independientemente de si se vincula con un conocimiento ancestral o no, para desarrollar nuevos fármacos y agroquímicos, explicó Albán.
Por su parte, el presidente del estatal Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Andrés Ycaza, explicó que la ley de su país reconoce las culturas milenarias y "su conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad", que, a su juicio, ayuda a "ahorrar tiempo" a las investigaciones científicas.
En este sentido, expuso que si una comunidad conoce el uso medicinal de una planta, cuando se inicie una exploración científica sobre este vegetal se debe tener en cuenta que éste ya ha sido investigado previamente por la población.
Además, la ley ecuatoriana establece que haya un consenso entre los científicos y la población en el que "las comunidades conozcan para qué se va utilizar ese recurso y que exista un consentimiento por su parte para el uso de este saber", explicó Ycaza.
Otro de los puntos conflictivos para alcanzar un acuerdo comercial con la UE, según la CCQ, es la protección de los datos de prueba de las patentes.
Esa información es resultado de la investigación llevada a cabo por la empresa y le sirve de sustento para patentar un producto, explicó el director jurídico de la CCQ.
"Si estos datos de prueba no están protegidos pueden ser públicos y utilizados para patentar el mismo producto" por parte de otra compañía, resaltó Albán.
Por eso, la UE pide que para alcanzar un acuerdo comercial con Ecuador se protejan los datos de prueba durante cinco años en investigaciones farmacéuticas y diez en agroquímicas, aunque el Gobierno podría obligar a que sean divulgados antes de que venza ese período en casos de emergencia sanitaria o catástrofe.
Albán explicó que la Constitución ecuatoriana incluye el "secretismo" de los datos de prueba pero no especifica por cuánto tiempo, por lo que "pueden abrirse mañana".
En cambio, según el presidente del IEPI, existen estudios que demuestran que la protección de los datos de prueba perjudica el acceso de los medicamentos y alimentos por parte de la población.
Eso es así, según Ycaza, porque mientras esa información esté oculta no se puede acceder a estas investigaciones que pueden ser beneficiosas para la población porque tratan sobre el desarrollo de medicamentos y de alimentos.
En este sentido, subrayó que Ecuador se "mantiene firme" en su postura porque no puede negociar en un tratado internacional "algo que va en detrimento de la salud" de los ciudadanos, ya que en el país "no existe el derecho a la exclusividad" cuando se trata del acceso de los ciudadanos a los medicamentos o la alimentación.
Para evitar un conflicto con la UE, Quito propone un método de compensación que no se base en la exclusividad pero que "reconozca la investigación y sus costes para poder retribuir en nuevas investigaciones para producción de medicamentos y agroquímicos", dijo Ycaza.
Por su parte, Albán opinó que se debería buscar una "armonía" para que se respete el principio constitucional y al mismo tiempo se permita el desarrollo de la propiedad intelectual y la tecnología en Ecuador.
El Gobierno de Ecuador envió el 21 de febrero una carta a la UE en la que confirma su disposición a reanudar cuanto antes las negociaciones comerciales interrumpidas, en 2009.
La misiva recogía las aclaraciones solicitadas a Ecuador por la Unión Europea sobre la normativa de la Constitución ecuatoriana y los compromisos que el país estaría en capacidad de asumir en el proceso.
El director general adjunto de Comercio de la Comisión Europea, Joao Aguiar Machado, dijo a la prensa el pasado 15 de marzo que todavía se examina la última propuesta de ese país, que está a favor de un "tratado comercial para el desarrollo".
Si se excluyen las exportaciones de petróleo, la Unión Europea es el principal mercado de Ecuador, que le vende anualmente productos por valor de 2.000 millones de dólares, principalmente banano y camarones, de acuerdo con la asociación de exportadores del país.
EFE
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OFICINA EUROPEA DE PATENTES CUESTIONES LA PATENTE AL BRÓCOLI Y RECHAZA LAS PATENTES SOBRE LA CRÍA DE PLANTAS Y ANIMALES
Munich, Alemania 9/10. Diciembre 2010
En una decisión largamente esperada, la Oficina Europea de Patentes (OEP) emitió su decisión el día de hoy el llamado 'Patente del Brócoli". En su opinión, la OEP explicó que los métodos de mejoramiento convencional de las plantas y los animales no puede ser considerado como un proceso técnico y no pueden ser cubiertos por las patentes. La decisión es vinculante para todos los casos similares. Pero los observadores han advertido que las plantas y los animales derivados de la cría convencional seguirá siendo patentado, ya que la decisión de la Oficina Europea de Patentes sólo excluye los procesos de cría, pero no se ocupa de las patentes sobre plantas y animales.
"Esta decisión va en la dirección correcta, pero no está claro cuál será el impacto final de esta decisión será", dijo Christoph Then de la coalición internacional “No a las Patentes de Semillas” y experto en patentes de Greenpeace. "Esta no es la decisión final sobre la patente de brócoli. Hasta ahora, se considera como no patentable sólo el proceso de reproducción de plantas y animales. Pero todavía no está claro si las reivindicaciones de patente sobre las plantas, las semillas y las partes comestibles del brócoli será revocado. La oficina de patentes no ha tomado aún una decisión final.
"En general, la ley de patentes está en gran peligro de ser utilizadas indebidamente para la apropiación indebida de los recursos más básicos para la vida diaria. ¿Lo que se necesita ahora es una señal clara de las instituciones de la UE de que los intereses de los agricultores, ganaderos tradicionales y los consumidores estén protegidos por las normas legales claras que excluyan las patentes sobre plantas y animales", dice Bell Batta Torheim del Fondo Noruego para el Desarrollo, que forma parte de la Coalición de “No a las Patentes de Semillas”.
"En general, la ley de patentes está en gran peligro de ser utilizadas indebidamente para la apropiación indebida de los recursos más básicos para la vida diaria. ¿Lo que se necesita ahora es una señal clara de las instituciones de la UE de que los intereses de los agricultores, ganaderos tradicionales y los consumidores estén protegidos por las normas legales claras que excluyan las patentes sobre plantas y animales", dice Bell Batta Torheim del Fondo Noruego para el Desarrollo, que forma parte de la Coalición de “No a las Patentes de Semillas”.
Muchos expertos han advertido de que las patentes sobre plantas y animales están creando nuevas dependencias para los agricultores y consumidores y que la innovación en el mejoramiento de plantas y animales serán bloqueados, mientras que las multinacionales podrán tomar el control de la producción mundial de alimentos. La intención de las empresas de agroquímicos en este contexto puede ser ejemplificadas por las solicitudes de patentes de Monsanto. La compañía ya ha presentado varias solicitudes de patentes sobre los productos cárnicos y alimentos derivados de bovinos, cerdos y peces, si los animales se alimentan las plantas genéticamente. La compañía recientemente solicitó una patente similar sobre las aves de corral y los huevos.
"Lo que se necesita es una clara prohibición legal sobre la concesión de patentes sobre plantas y animales, en los procesos de reproducción, de material biológico relevante y que el alimento obtenido. La decisión de la OEP sólo puede considerarse como un primer paso, ahora la legislación tiene que desarrollar una regulación clara." dijo Francois Meienberg miembro de Declaración de Berna en Suiza parte de “No a las Patentes de Semillas”
La coalición “No a las Patentes de Semillas” está formado por la Declaración de Berna, Greenpeace, Misereor, No patentes sobre la vida, Swissaid y el Fondo Noruego para el Desarrollo, y las campañas para una regulación clara del derecho de patentes. Su iniciativa es apoyada a nivel mundial por más de 300 organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de agricultores, y ha recogido unas 100.000 firmas contra las patentes sobre plantas y animales. La coalición insta ahora a las instituciones de la UE para desarrollar a las normas legales claras para excluir las plantas y los animales de la patentabilidad.
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NUEVA PUBLICACIÓN DE LA UPOV
La Upov (Unión Internacional de Obtentores Vegetales) lanzó un nuevo documento intitulado “Alimentos, diversidad biológica y propiedad intelectual: El papel de la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales)”.
Esta publicación realza el papel de los fitomejoradores modernos (llamados por el documento como profesionales) quienes producen variedades uniformes, lo que permite la agricultura mecanizada a gran escala y diseñadas para proporcionar mayor rendimiento bajo condiciones específicas. El documento añade que:
En muchas partes del mundo en las que la agricultura a pequeña escala sigue ocupando a un alto porcentaje de la población, el desarrollo de semillas en las propias granjas todavía representa un papel importante. Muchos de los llamados agricultores «tradicionales» o pequeños agricultores siguen siendo altamente innovadores. Estas variedades, dice el documento no son tan productivas como las que son producto del fitomejoramiento profesional.
Luego apela a argumentos neomathusianos, asociados con los argumentos del cambio climático para justificar la aplicación de derechos de propiedad intelectual sobre estas semillas obtenidas a partir de las técnicas de mejoramiento “profesional”.
La PVV (Protección de variedades vegetales) conlleva importantes implicaciones para la mejora de las cosechas. Pero su trascendencia a menudo va más allá. La PVV tiene relación con la política agrícola, la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y económico, la conservación de los recursos genéticos y los derechos humanos.Hoy en día estas relaciones merecen una atención especial: el mundo se enfrenta a duras decisiones acerca de cómo garantizar la seguridad alimentaria mientras la población mundial crece y los patrones de cultivo se modifican debido al cambio climático. Entre las cuestiones clave se incluye cómo incrementar la productividad para garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo. Esto requerirá semillas con un mayor rendimiento, así como semillas que sean resistentes y se adapten a condiciones.
El documento cita a un Comunicado del Grupo ETC, que explica el tema de la innovación de semillas, que vale la pena citarlo, pues se dice con mucha frecuencia que sin derechos de propiedad intelectual, no podemos acceder a las innovaciones que necesitamos para cubrir los retos de la alimentación.
Los agricultores siguen acometiendo la gran mayoría de la conservación de semillas y fitomejoramiento que se lleva a cabo en el mundo. Las cifras de la UPOV demuestran que en losúltimos años los miembros de la UPOV concedieron alrededor de 10 000 títulos anuales, lo que resulta en un total de algo menos de 90 000 títulos en vigor a finales del año 2009. En contraposición, de acuerdo con el Grupo ETC, los agricultores crean y adaptan más de un millón de variedades cada año.
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