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Martes 29 de Marzo de 2011
El 6 de enero pasado murió, de un día para otro, Rubén Portillo Cáceres (26), luego de registrar síntomas de intoxicación, como diarrea, vómito, fiebre y falta de oxígeno. Era un agricultor de la colonia Yerutí de Curuguaty, Departamento de Canindeyú.
Durante esa semana, unos 21 vecinos del fallecido, incluido su viuda y su hijo de dos años, fueron internados por el mismo cuadro de dolencias. El escenario es una zona fronteriza con Brasil, y desde hace siete años, una de las de más intensa actividad del agronegocio, especialmente con cultivos transgénicos de soja. Esto acarreó a la comunidad fenómenos como, deforestación galopante, seca de esteros y exposición del medio ambiente y sus frutos, ante las fumigaciones de los cultivos con agroquímicos.
A pesar de ser un asentamiento otorgado por el IBR en 1990, hoy la comunidad está acordonada por sojales, que incluso se extendieron hasta los lotes campesinos. En la colonia Yerutí viven 400 personas, la mitad de ellas niños y niñas. Pero hay un proceso de desplazamiento forzoso que invitó a abandonar el asentamiento a al menos 30 familias en los últimos años, por la presión de los cultivos.
Amparo con el Estado
Al enterarse de la muerte de su hermano, Sulma Portillo dejó su trabajo de empleada doméstica en España y volvió al país, donde sentó la denuncia en la fiscalía penal de Curuguaty por homicidio. El 14 de enero, otra hermana de Rubén, Norma, y dos pobladores más – acompañados por el grupo de Derechos Humanos “FIAN Internacional”- presentaron un recurso de amparo contra el Estado paraguayo por incumplimiento de sus funciones de precautelar la vida de las personas: contra el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), contra el instituto encargado de la distribución de la tierra (INDERT), el organismo encargado de fiscalizar el uso de agrotóxicos (SENAVE) y la Secretaría del Ambiente (SEAM).
La primera institución, el MAG, pidió al juez rechazar el amparo; el INDERT ni se dignó contestar, en momentos en que su director regional de Curuguaty era buscado por la justicia, tras imputaciones por estafa. El SENAVE pidió al juez que rechace el amparo y se limitó a informar que quitó muestras de cultivos y agua de la escena, sentenciando llamativamente en su informe, que “a simple vista no se observan daños ocasionados por deriva de plaguicidas…”. La SEAM se puso a disposición de la justicia e informó que intervino en las explotaciones Cóndor y Hermanos Galhera Agrovalle del Sol, por no tener licencia ambiental, por haber disecado humedales y por utilizar irregularmente el arroyo local para sus regadíos. Sin embargo, la familia Portillo y sus vecinos denunciaron que Hermanos Galhera siguió fumigando después de la medida de SEAM. El circuito judicial que recorrió el recurso de amparo fue Curuguaty-Asunción-Curuguaty, porque los jueces de turno en los mencionados juzgados no se ponían de acuerdo o directamente se desentendían del caso. Por eso, el 14 de febrero fue presentada una denuncia por retardo de justicia ante la Corte Suprema de Justicia, y finalmente el 18 de febrero el expediente llegó a la sede del Juzgado de Curuguaty, recayendo en la sala del juez penal José Benítez. Hasta hoy, 17 de marzo, el amparo presentado no fue resuelto por la Justicia Paraguaya.
Dio positivo, pero la familia siguió tomando agua del pozo
De las muestras de agua tomadas en viviendas de la comunidad y en el pozo de la casa del fallecido, el SENAVE tenía un informe laboratorial desde el 21 de enero, en el que resaltaba que se encontraron al menos tres sustancias químicas, como aldrín, endosulfán y lindano. Las dos primeras en el límite para no dañar la salud humana y la tercera el doble de lo necesario para dañarla. Inexplicablemente, tres semanas después, aún la institución no hacía públicos los resultados y la familia de Rubén seguía bebiendo del pozo contaminado. Esto a pesar de un urgimiento a la institución a que remita su informe laboratorial a la carpeta fiscal. Fue a través de una fuente de confianza del órgano estatal, que se filtraron los resultados hasta la abogada de FIAN y ésta advirtió a la familia Portillo que no siga bebiendo del pozo. Interín, el 10 de febrero, SENAVE suspendió la actividad de seis sojales que rodean a las familias, por violar la ley y no contar con las barreras vivas de protección entre sus sojales y la comunidad.
Matapiojos
El 13 de marzo, SENAVE hace público su informe de resultados de las aguas tomadas de viviendas de la colonia y del pozo de la casa de Rubén Portillo. En el mismo se explicaba la presencia de aldrín, endosulfán y lindano en las muestras, este último componente sobrepasando los límites no dañinos. Este informe “interpreta” el diario ABC Color, y en su edición del día siguiente saca en tapa el titular “Soja no fue la que intoxicó a indígenas”. En el cuerpo de la información, página 30, tituló “Detectan veneno matapiojos en el agua bebida por colonos de Yerutí” y como título complementario “Estudios desacreditan acusación de CONAMURI contra sojeros de Canindeyú”.Esta información no se ajustaba a la realidad y a los resultados comunicados por el SENAVE, y tenía como objetivo desvincular los cultivos de soja a lo sucedido en Yerutí. Con el informe parcial del SENAVE, el diario asumió la atribución de dar por concluidas las investigaciones en torno a la muerte de una persona y las intoxicaciones de al menos 20 más. Para buscar esto, se amparó periodísticamente en una fuente anónima, que afirmó al periodista que uno de los productos encontrados en la muestra se usaba en lociones matapiojos y sarna. Con esto daba a entender que los pobladores intoxicados, se mal administraron un tratamiento contra piojos. El periodista tampoco se dignó mencionar –llamativamente que semanas atrás varias explotaciones sojeras fueron suspendidas tanto por la SEAM como por el SENAVE, por no contar con licencia ambiental, por secar humedales y utilizar en contravención de la ley, el arroyo local, como también por no tener barreras vivas de protección que separen a los cultivos de las viviendas. Por último, como muestra de la inexactitud de la información, la tragedia no involucró ni a comunidad ni persona indígena alguna, como manifestaba su titular en portada.La indignación no se hizo esperar, y la comunidad de Yerutí no escondió su indignación a través de Norma Portillo, hermana de Rubén. “¿Cuántos litros de matapiojos lo que tuvimos que haber echado supuestamente al pozo para que aparezca en esa cantidad?”, expresó la hermana del fallecido. Pidió además al periodista redactor de la nota remitirse a los informes del SENAVE, a tener sensibilidad hacia su familia y no sólo dejarse influenciar por intereses de propietarios de soja de la zona. El mismo día, la abogada de la familia Portillo y de FIAN Internacional, Milena Pereira, escribió una carta al director de ABC Color (ADJUNTO 6), exigiendo una réplica sobre la información. El diario no respondió ni menos publicó nada.
Una lista de violaciones ambientales
El 15 de marzo, el SENAVE publica una comunicación institucional donde desmiente lo publicado en ABC Color. En el texto aclara que las investigaciones del caso siguen; que en torno a la muerte de Rubén las responsabilidades aún no están esclarecidas y “que siguen su curso más más allá de cualquier interpretación respecto a resultados parciales que están saltando a la opinión pública, por convertirse en mera especulación interesada”. Y que “es preciso apegarnos a los resultados objetivos e inobjetables que nos permitan llegar a la verdad, para superar la dolorosa experiencia y construir una comunidad que acceda plenamente a su derecho constitucional de vivir en un ambiente saludable”. La comunicación además mencionaba que en la colonia Yerutí, las plantaciones de soja suspendidas, claramente incumplen medidas administrativas y legales y “constituyen un catálogo de lo que no debe repetirse en el campo y que, lamentablemente, es casi práctica corriente”. Citaba las faltas: disposición irregular de envases de agroquímicos dispersos por todas partes; ausencia de barreras de protección en los caminos y que separen a la población de los cultivos; ausencia de asesores técnicos, planillas de aplicación de plaguicidas y de licencia ambiental; ausencia de bosques protectores; humedales en proceso de secado, y por último, el lavado de tanques de aplicación de agroquímicos, en el arroyo.
Está disponible en la página web un video sobre el Caso Rubén Portillo.
BASE Investigaciones Sociales
Ayolas 807 esq. Humaitá
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