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Jueves 10 de marzo de 2011

"Por todo el continente los pueblos tienen claro que aunque sigan invisibles, son ellos los verdaderos custodios del futuro. Sus propuestas y sus lazos con otros pueblos y luchas cobran fuerza. Trátese de transgénicos, acaparamiento de tierras, megaproyectos, presas, minas, petroleras, entrega de bosques o biodiversidad, en los espacios con autonomías fuertes los intereses de fuera siguen saliendo derrotados."

La mordaza de la “ciencia mercenaria”

Elizabeth Bravo, Acción Ecológica, Ecuador. ¿Son siempre las evidencias científicas una prueba irrefutable de la “la verdad”? Si revisamos la información publicada en revistas científicas vemos que éstas muchas veces responden a los intereses de los grupos de poder. Esta forma de producir conocimientos es calificada como “ciencia mercenaria”, hecha a pedido, y por lo mismo produce evidencias para satisfacer las demandas de sus auspiciantes. Se habla entonces de los auspicios como condicionantes de las evidencias.

Uno de los temas en los que con más fuerza se ha sentido esta tendencia es en el estudio sobre los transgénicos. Tenemos por ejemplo el caso de Arpad Pusztai, quien luego de producir sus resultados sobre los impactos de un tipo de papa transgénica en el tracto digestivo de ratas de laboratorio fue despedido de su trabajo bajo el argumento de que su investigación era incompetente. En realidad su despido fue el resultado de una campaña de presión por parte de científicos mercenarios que desacreditaron su trabajo. Estudios posteriores hechos en Egipto obtuvieron resultados similares a los de Pusztai.

Más tarde los estudios de Chapela y Quist sobre la contaminación transgénica del maíz nativo mexicano sufrieron igual suerte. A partir de su publicación en la revista Nature, se escribieron decenas de artículos y comentarios, se hicieron nuevos análisis para desmentir los resultados de los dos investigadores.

En estos meses el foco de los ataques se ha centrado en la investigadora peruana Antonietta Gutiérrez y un equipo de la Universidad Agraria La Molina, quienes realizaron un monitoreo de transgénicos en el Valle de Barranca al norte de Lima, y hallaron dos tipos de transgenes en el maíz que ahí se cultivaba: NK603 y BT11. Al mismo tiempo el equipo de trabajo analizó la presencia de transgénicos en dos tipos granos de maíz importado, y encontraron que estos contenían los eventos transgénicos MON 810 y NK603.

Luego de encontrar estos resultados, Antonietta Gutiérrez hizo un llamado para que se dictaminara de manera urgente una prohibición de la liberación de Organismos Vivos Modificados (OVM) en el medio ambiente, en tanto no existiera la capacidad institucional para implementar las normas de seguridad.

Hay que recordar que Perú es uno de los centros de diversidad del maíz y que, debido a su larga presencia en ese país, forma parte fundamental de los sistemas agrícolas de las poblaciones rurales peruanas, de su alimentación y de su mundo ritual; y es uno de los componentes básicos de la alimentación en general.

La investigación se hizo a partir de 319 muestras de maíz recolectadas en Piura, La Libertad, Lambayeque, Ancash y Barranca. Tras los análisis, se halló que 60% de la muestra cosechada en Barranca tenía transgenes, mientras que La Libertad presentó un 32% y Piura un 31%. De acuerdo a estos resultados, había ingresado al territorio peruano, de manera ilegal, seis tipos de modificaciones genéticas, denominadas en el plano científico MON810, BT11, TC507, MON863, NK603 y T25.

Como ha sucedido con otras investigaciones que destacan los impactos de los cultivos transgénicos ya sea en la salud, el ambiente o la biodiversidad (como es el caso de las investigaciones de la doctora Gutiérrez), sus resultados fueron cuestionados por otros investigadores, incluidos el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) que descartó la presencia ilegal de cultivos de maíz transgénico en el Valle de Barranca, luego de hacer sus propios estudios de verificación y añadió que el Valle de Barranca no representa un centro de origen de maíz, sino que ahí se cultivan maíces híbridos y variedades que no son nacionales.

El hecho de el INIA no haya detectado transgenes no implica la ausencia de contaminación genética. Es posible que la muestra analizada no contenga transgénicos, pero esto no descarta contaminación en una población más grande. Recordemos que la ausencia de evidencias no significa ausencia (en este caso de contaminación genética). Éste es uno de los pilares del principio de precaución.

Invocando al principio de precaución es importante recalcar que la obligación de un Estado no es hacer investigación con el fin de evaluar la calidad científica de un trabajo que demuestra que la biodiversidad local y la salud de sus ciudadanos podría estar en peligro, pero que pone en entredicho a la industria biotecnológica; sino tomar medidas precautorias para proteger la salud y el ambiente nacional.

Chile

Un fallo tal vez histórico contra los transgénicos

Biodiversidad, 25 de junio. La Comisión de Transparencia de Chile emitió un fallo que puede ser histórico: ordenó al organismo público responsable de la fiscalización de los cultivos transgénicos en el país informar la localización exacta de todos los cultivos transgénicos en el país (incluidos árboles transgénicos), así como el tipo de transgenie que cada cual contiene.

La historia del fallo se remonta a más de un año, cuando la Alianza por una Mejor Calidad de Vida —conformada por la Red de Acción en Plaguicidas-Chile, Anamuri y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales solicitó esta información al organismo fiscalizador y se encontró con una negativa basada en el “derecho” a la confidencialidad por parte de las empresas. Ante ello, la alianza apeló a la Comisión de Transparencia, la que luego de considerar los argumentos de las empresas productoras de semillas transgénicas (proceso que tomó más de un año) dictaminó en favor de las organizaciones sociales.

Actualmente existen cerca de 30 mil hectáreas de cultivos transgénicos en Chile. A pesar de una ley que los prohibe, los cultivos transgénicos han progresado amparados por un decreto que autoriza cultivos experimentales y el cultivo comercial de semillas transgénicas para la exportación. Las transnacionales de semillas transgénicas presentes en Chile incluyen a Monsanto, Syngenta y Limagrain, que dominan un sector que se caracteriza por el secretismo y las pésimas condiciones laborales que impone a sus trabajadores. En los últimos dos años han desplegado una agresiva campaña de expansión en zonas campesinas y territorios indígenas, especialmente con dos cultivos transgénicos de alto poder contaminante: maíz y raps (canola). El organismo fiscalizador, por su parte, ha mostrado una triste historia de alinearse con las empresas y fomentar el secretismo, por lo que ha sido imposible saber si efectivamente cumple con su papel. Su historial en otras áreas de fiscalización como el uso de plaguicidas permite pensar que no lo hace.

La decisión de la Comisión de Transparencia es significativa por diversas razones. Una muy importante es que hace prevalecer el derecho a la información sobre el deseo de las empresas de mantener el secreto, precedente clave en un país en que el secretismo ha sido la regla de los últimos treinta y algo años. A lo largo de las 30 páginas de la resolución, la Comisión va desarmando jurídicamente los argumentos de las empresas en favor del secreto, algunos de los cuales dejan al desnudo la mentalidad de las transnacionales. Así, por ejemplo, un argumento que ellas utilizan a favor del secreto es que, si el Estado chileno entrega la información, las empresas perderán la confianza en éste y se negarán a entregarle información en el futuro. La Comisión acertadamente les recuerda que la entrega de información es obligatoria por ley, y no un simple acto voluntario.

El fallo llega en un momento clave para Chile. Impulsados por el nuevo gobierno de derecha, hoy están en proceso de discusión diversos proyectos de ley que abrirían al país al cultivo irrestricto de transgénicos y entregarían aún más poder a las transnacionales para imponer sus condiciones. Ello pese a que la oposición a las nuevas leyes ha sido amplia y rotunda por parte de organizaciones campesinas, ambientalistas y de agricultores orgánicos, e incluso de parte de autoridades de la iglesia católica. Entre las mayores amenazas de las nuevas leyes es que impondrán nuevas restricciones al libre uso y circulación de las semillas y que permitirán los farmocultivos, todos ellos de naturaleza altamente tóxica. Aunque el gobierno asegura estar haciendo consultas amplias al respecto, simultáneamente reconoce que quienes tomarán las decisiones sobre los contenidos de las nuevas leyes son un grupo de empresarios y funcionarios abiertamente a favor de los transgénicos. Diversas organizaciones han reiterado su rechazo a los transgénicos y su intención de mantener la lucha contra ellos, así en el corto plazo haya pocas posibilidades de triunfar.

Hasta el momento de escribir esta nota, el gobierno chileno no ha hecho entrega de la información, dando tiempo así a las empresas para que apelen a un tribunal superior. Esta vez, las empresas tienen buenas posibilidades de ganar. Las organizaciones sociales continuarán movilizándose para hacer prevalecer su derecho a la información.

Quién cuida el agua en Ecuador

Ileana Almeida. La enorme serpiente de colores nace en el agua del inframundo, asciende hasta el mundo de los hombres, se convierte en árbol, continúa subiendo hasta el cielo, donde se transforma en arco iris. Luego de la tormenta reaparece y anuncia que el mundo está en paz. La lluvia ha fecundado a la tierra. El Kuichi (Arco Iris) divinidad del agua en los antiguos mitos quechuas, representó, según el cronista Bernabé Cobo, la bandera de los Incas, que unía lo sagrado y lo profano, el poder del Sol en el Hanan Pacha (cielo) y el poder del Inca en el Kay Pacha(tierra). Hoy, la memoria ancestral se articula con la lucha política.

Mientras ciertos asambleistas, el 6 de junio, pugnaban por imponer una Ley del Agua que deje a las nacionalidades indígenas fuera del manejo del agua, un enorme Kuichi, con sus siete colores, rodeó la muralla de la Asamblea para significar que no hay poder más grande que el del agua, y que son los indígenas los que la han cuidado y la han administrado con actitud solícita. La bella performance fue ignorada y expulsada como fueron ignorados y expulsados de la Asamblea los propios indígenas. El presidente del parlamento inclusive se refirió a la lucha de éstos como a un “juego sucio”.

Ahora se tiene conciencia de que el agua es un elemento lucrativo y se encienden los intereses económicos, con lo cual los indígenas y otros sectores pobres se tornan más vulnerables y expuestos a mayor desamparo. Para el gobierno, la política, la legalidad, la economía, la ciudadanía y la nacionalidad no se diferencian. La lucha indígena persigue descentralizar el poder, mientras el régimen pugna por acapararlo por entero. Piénsese en lo que implica, y las consecuencias que podría acarrear, la “autoridad única” para el manejo del agua.

En uno de los últimos números de la revista National Geographic, Barbara Kingsolver, ecologista estadounidense, alaba al Ecuador, “que se ha convertido en la primera nación que ha incluido los derechos de la naturaleza en su Constitución, de acuerdo a esta legislación, se podría entablar una demanda a favor de una cuenca dañada, al reconocerse que su sanidad es decisiva para el bienestar de la comunidad”.

No tardará la ecologista en enterarse que las cosas son muy distintas a lo que cree. La verdad es que las comunidades indígenas, unidas en la Conaie, la Fenocin y la Fenie, son las que siempre han mantenido con sus propios medios los sistemas hídricos y han administrado con sabiduría el uso del agua; que son los indígenas quienes quieren seguir cumpliendo con el compromiso de respetar los derechos de la naturaleza y la plurinacionalidad, que ahora constan en la Constitución. A cambio, soportan desde el gobierno una campaña mediática de desprestigio, amenaza y calumnia contrarrestada sólo por sus ideales irrenunciables.

Tres símbolos, tres ataques, una misma vileza

El 27 de abril, las autoridades del pueblo misak de Guambia, en el departamento de Cauca, recibieron un ultimátum membretado del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia que declara:

Conminar a líderes indígenas para que dejen de lado el discurso y hechos arcaicos a favor de los derechos indígenas e ideologías atacando las buenas y nobles intenciones del alto gobierno a favor de la paz, o de lo contrario iremos más allá de las amenazas y regresaremos a las actuaciones para el pueblo guambiano, sin piedad ni temor alguno…

Declarar por objetivo militar permanente y enemigos a Mujeres y Hombres que por sus declaraciones, investigaciones, comunicados, argumentos, cartas, denuncias, diálogos y otros; afectan el buen nombre del régimen [siguen nombres de las autoridades del pueblo misak o guambiano].

Suspender de inmediato las declaraciones externas e internas, que están comprometidas al levantamiento de procesos y la apropiación de tierras… No nos hacemos responsables por lo que les pueda pasar a los líderes del pueblo guambiano.

Un ultimátum así es prueba suficiente de que los crímenes que se le imputan al pueblo misak son defender la vida, su territorio, y su proceso de autonomía, pero sobre todo “afectar el buen nombre” de un régimen con la ruinosa calidad moral del de Álvaro Uribe.

El mismo 27 de abril, en Oaxaca, México, sicarios de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) tendieron una emboscada con armas de alto poder sobre una caravana que intentaba abrir el cerco tendido sobre San Juan Copala, un municipio autoproclamado autónomo que las fuerzas paramilitares al servicio del gobernador Ulises Ruiz han intentado ahogar desde finales de noviembre, dejando a San Juan sin alimentos, agua, medicamentos, educación y otros servicios.

Desde días antes se reiteraban las amenazas sobre cualquiera que intentara llegar a la cabecera municipal y la caravana resultó suculenta para la contrainsurgencia: Beatriz Cariño, de un consejo nacional en la lucha contra la minería, dos combativos reporteros de Contralínea, dirigentes de la appo (incluido David Venegas), y observadores internacionales a quienes poder echarles la culpa de culaquier insumisión.

El asesinato de Beatriz Cariño y del observador finlandés Jyri Paakkola, los varios heridos, la desaparición por tres días de varios de los integrantes, y que Ulises Ruiz haya sido tan contundente y cínico en su declaración contra la caravana, provocaron el repudio internacional.

El 29 de abril varios desconocidos invadieron el territorio ancestral del pueblo kichwa de Sarayaku en la Amazonia ecuatoriana y atacaron con armas de fuego y dinamita. En lo profundo del monte le dispararon a quemarropa a hombres de la comunidad y Rudy Ortiz y Wilson Malaver quedaron heridos de bala. “Debieron ser trasladados en camilla por la selva en un recorrido de catorce horas hasta la pista aérea de Sarayaku de donde fueron evacuados en ambulancia aérea”.

Las autoridades de Sarayaku explicaron que “las razones del ataque tienen que ver con la posición de Sarayaku de no permitir que un grupo de personas extrañas a nuestro pueblo ocupen una porción de territorio dentro de la adjudicación legal titulada a nombre de Sarayaku, para construir allí una nueva pista aérea. La intención de esas personas es asentarse allí y formar una seudo comunidad a la que llamarían Kutukachi para negociar con la empresa petrolera agip su ingreso, ya que la zona del territorio de Sarayaku que pretenden ocupar es afectada por el Bloque 10”.

Pero si bien los atacantes intentaron apoderarse de espacios clave dentro del territorio, se trataba también de quebrar la resistencia de la población y confundir a la opinión pública con informaciones falsas: como la de que Marlon Santi, originario de Sarayaku (y qué coincidencia, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, movilizada a nivel nacional en defensa del agua), era el responsable de los hechos ocurridos y que había decenas de muertos y retenidos de entre los invasores.

Extraños hechos de violencia trajo la última semana de abril para tres emblemáticos proyectos autonómicos indígenas del continente.

Sarayaku es una de las comunidades que lleva años defendiendo su territorio amazónico de las petroleras. Si ha logrado mantener íntegro su ámbito es gracias a la fuerza comunitaria de su asamblea, opuesta con lucidez a los intereses que quisieran entregar la Amazonia completa al control transnacional de sus recursos estratégicos se exploten ahora o se reserven para el futuro.

San Juan Copala es, además del territorio zapatista de Chiapas, uno de los procesos de autonomía en México que reivindica la reconstitución del tejido social de comunidades desgarradas por años y años de violencia mortal, recuperando la historia y el camino propio del pueblo triqui.

El pueblo misak ha logrado fluir entre la guerrilla y la contrainsurgencia, por décadas, reivindicando su propio camino libertario, y es ejemplo de sabiduría y justicia para muchos pueblos de toda América Latina.

Qué significan estos ataques, en la misma semana, contra estos tres símbolos. No se trata de tender borrosos vínculos entre los autores materiales o intelectuales de estos atentado. Pero es indudable que en todo el continente la resistencia indígena es tomada muy en serio por los agentes de inteligencia, por los operadores y funcionarios de empresas, gobiernos y organismos multilaterales. A todos les resulta intolerable la nítida visión de las comunidades, su estar fuera del engranaje y reivindicarlo. Por eso el intento de nuevos maquillajes legaloides, o de programas de compensación y envilecimiento para quienes doblan las manos y más descarnados mecanismos de infundio, denigración, cárcel o muerte para quienes se oponen a sus proyectos.

Pero por todo el continente los pueblos tienen más claro que nunca que, aunque sigan invisibles, son ellos los verdaderos custodios del futuro. Sus propuestas y sus lazos con otros pueblos y luchas cobran fuerza. Trátese de transgénicos, acaparamiento de tierras, megaproyectos, presas, minas, petroleras, entrega de bosques o biodiversidad, en los espacios con autonomías fuertes los intereses de fuera siguen saliendo derrotados.

Estos ataques dejan ver que a los invasores se les está volviendo desesperada la cacería por la opinión pública y por el control territorial que ahora ejercen los pueblos. Si esto es así, la defensa de los proyectos autonómicos tendrá que ser más extrema.

Los sabios misak lo dijeron así: “nuestra lucha es para la vida de la humanidad y no para la muerte. Reexistiremos por siempre en el tiempo y en el espacio”. l

Tomado de Ojarasca 157, mayo de 2010

Ecuador: traición de Estado

La criminalización del Sumak Kawsay

Dice el texto de Amnistía General otorgada a los defensores de la naturaleza emitida en Montecristi, Ecuador, el 14 de marzo de 2008: “Varios hombres y mujeres de nuestro país, se han movilizado en defensa de la vida, de los recursos naturales y el ambiente; en contra de las compañías que han devastado el ecosistema, movidos por la desatención y el abandono; los afectados han realizado varias acciones de resistencia y protesta; […] algunos de ellos han sido reprimidos y luego han sido enjuiciados por delitos políticos y comunes conexos con los políticos, en algunos casos por compañías nacionales y extranjeras, en otros por intermediarios e inclusive por funcionarios públicos; […] las personas enjuiciadas se han visto en la necesidad de ejercer el derecho al reclamo en defensa de los recursos naturales y por alcanzar una vida digna dentro de un ambiente ecológicamente sano y libre de contaminación […] Esta amnistía beneficia a las personas procesadas por los hechos sucedidos...”

En aquel día las ecuatorianas y ecuatorianos nos alegramos mucho por el acto de justicia efectuado por la Asamblea Constituyente. Hecho ocurrido en un contexto de cambios profundos en la institucionalidad del país en que se exaltaba la necesidad de luchar por la defensa de la naturaleza, a quien además se le reconocerían sus derechos. Sin embargo, esta alegría ha desaparecido, pues a muchos de los defensores de los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos, frente a la minería, las actividades petroleras, industria maderera, la construcción de hidroeléctricas o el acaparamiento del agua, se los está nuevamente criminalizando.

Hoy se usan nuevas armas como la coptación para colaborar con el régimen, la amenaza y el miedo que se quiere utilizar para acallar las voces de demanda, la persecución política para desmovilizar o la criminalización para detener la marea de protestas que crecen cada día.

Es así que en las últimas semanas, se ha presentado una nueva ola de acusaciones, ordenes judiciales o re-apertura de casos legales, a lo largo y ancho del país. Desde los dirigentes de la Conaie y Confenaie que son acusados de realizar actos de sabotaje y terrorismo hasta líderes comunitarios que defienden sus recursos.

Simultáneamente aparecen en el país varios puntos de criminalización. No es una coincidencia. Es una muestra de la política de control social que quiere ejercer el gobierno del Ecuador sobre las organizaciones comunitarias que levantan una a una su voz de rechazo a las políticas que ponen en riesgo la supervivencia de los pueblos. Algunos ejemplos de represión son contra pobladores de las Naves en Bolívar, dirigentes del Azuay que se oponen al acaparamiento del agua, o contra opositores a la minería en Morona Santiago, Zamora Chinchipe e Imbabura.

Con la criminalización de su accionar no solamente se alienta el racismo, sino que se discrimina a todos quienes viven en el campo, cuidan el bosque y el agua y cultivan la tierra con sus manos.

También a quienes apoyamos estos procesos y defendemos los derechos de la naturaleza desde las organizaciones no gubernamentales se nos acusa de infantiles y de obstaculizar el desarrollo. Se nos amedrenta de diversas maneras. A esto se suma el Decreto 982 de control y fiscalización de las fundaciones y corporaciones de la sociedad civil y que también limita fuertemente la acción en defensa de la naturaleza y los derechos humanos.

La visita del Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales o Arbitrarias, la primera semana de julio del presente año, fue un momento que sirvió para presentar la situación de indefensión y violación a lo derechos de los defensores de la naturaleza.

Uno de los casos que se presentaron fue el de nuestra organización, Acción Ecológica, debido a la constante persecución y hostigamiento e incluso amenazas contra la vida de nuestros miembros, que hemos sufrido en los últimos años. Por estos motivos, la CIDH brindó medidas cautelares a nuestro integrantes y requirió del Estado medidas para investigar y sancionar a los responsables de dichos atentados, robos, amenazas, y asegurar la adecuada reparación. Hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta en ese sentido; más aún la escalada de hostigamientos continúa.

El caso de Acción Ecológica es uno más de las decenas de casos que estremecen a los ecuatorianos y ecuatorianas y que fueran presentados al Relator Especial. Las ejecuciones y amenazas en el cordón fronterizo son cotidianas. También se conoce del asesinato de líderes que se oponen a proyectos de hidroenergía en la provincia de los Ríos o el desplazamiento forzado por amenazas de muerte de quienes se oponen a la industria camaronera en Esmeraldas.

Ante el Relator se destacó la extrema vulnerabilidad de las comunidades, organizaciones y líderes que se oponen a la extracción de recursos, basados en sus derechos y en los de la naturaleza. Se pidió al Relator que incluyera en su informe un llamado al “Estado ecuatoriano para que se abstenga de emitir discursos o políticas que tiendan a aumentar la vulnerabilidad de las comunidades, organizaciones y los líderes que reivindican sus derechos colectivos y los de la naturaleza y que proceda de manera pública y urgente a resaltar la legitimidad de las reivindicaciones de tales derechos”.

Se solicitó que el “Estado ecuatoriano proceda de manera inmediata a implementar medidas dentro de la administración de justicia para priorizar las investigaciones de ataques contra la integridad y la vida de las comunidades, organizaciones y líderes que reivindican sus derechos colectivos y los de la naturaleza”; y que se tomen las medidas necesarias para evitar que la impunidad en estos hechos1. El señor presidente ha dicho que la mayor amenaza a su proyecto “viene de lo que él denomina la izquierda infantil y grupos ambientalistas e indígenas que se niegan a la modernidad”2. Este último es un término cargado de contenido que utilizado por un gobernante al definir su régimen es una señal clara y contundente de que hay un desprecio por lo ancestral, por el mundo indígena, por el campo, o por las culturas del bosque, en definitiva por el buen vivir.

Por eso trata como delincuentes a quienes nos oponemos a la modernidad y luchamos por la diversidad cultural, por la plurinacionalidad y por ser disidentes del progreso y el desarrollo extractivista como un modelo de muerte. La criminalización de la protesta y de quienes disentimos y proponemos otra forma de vida es, en la práctica, la criminalización y la pena de muerte al Sumak Kawsay.

Acción Ecológica, Quito,

8 de julio del 2010

(1) Carta presentada por Acción Ecológica al Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Misión oficial al Ecuador, 7 de julio del 2010 Boletin@lists.accionecologica.org

(2) Agencia Reuters. “Correa cree en una política económica socialista, pero con aires mercantilistas”, 6 de julio de 2010

Las directrices de los pueblos

La llamada Conferencia Regional de los Organizaciones Sociales, Movimientos Sociales, y ONG sobre las Directrices Voluntarias para la Tenencia de la Tierra y de los Recursos Naturales, en realidad una consulta para presentarle a la Organización de Agricultura y Alimentación (FAO) la voz de las organizaciones y los movimientos sobre aspectos relacionados con tenencia de la tierra, reforma agraria y soberanía alimentaria, celebrada en Brasilia en mayo pasado, ocurrió en un momento de saber y reflexión acumulados en varios encuentros internacionales (la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, de Porto Alegre, en 2006; la Conferencia de Nyeleni sobre Soberanía Alimentaria, en 2007; las Conferencias Especiales de Brasilia, 2008 y Panamá, 2010 sobre Soberanía Alimentaria, y la Conferencia de Cochabamba en 2010).

En Nyeleni, fue central que “... exista una verdadera reforma agraria integral que garantice a los campesinos plenos derechos sobre la tierra, defienda y recupere los territorios de los pueblos indígenas, garantice a las comunidades pesqueras el acceso y el control de las zonas de pesca y ecosistemas, reconozca el acceso y el control de las tierras y las rutas de migración de pastoreo, garantice empleos dignos con sueldos justos y derechos laborales para todos los trabajadores y un futuro para los jóvenes del campo, donde las reformas agrarias revitalicen la interdependencia entre productores y consumidores, garanticen la supervivencia de la comunidad, la justicia económica y social, la sostenibilidad ecológica y el respeto por la autonomía local y la gobernanza con igualdad de derechos para las mujeres y los hombres... donde se garantice el derecho a los territorios y a la autodeterminación de nuestros pueblos”.

En Panamá los pueblos puntualizaron: “Rechazamos la concentración de la tierra, bosques y agua de los pueblos en manos de las multinacionales, lo que conduce a una guerra por los alimentos y abre la posibilidad del control político sobre las naciones. La mercantilización de la tierra impulsada por el Banco Mundial, que ha dado como resultado una vez más la concentración y la extranjerización de la tierra, es una de las mayores causas de la expulsión de campesinos y pueblos indígenas de sus tierras y territorios. Las comunidades de pescadores artesanales son expulsadas de las zonas costeras y ven sus derechos limitados sobre las zonas marítimas. La tierra y los océanos, además de ser medios de reproducción, son espacios y ambientes de vida, de culturas y emotividad, de identidad y espiritualidad. No son mercancías, son componentes fundamentales para la vida, a los cuales se accede por derecho, de manera inalienable e imprescriptible”.

En el Acuerdo de los Pueblos se planteó que: “El inmenso desafío que enfrentamos como humanidad para detener el calentamiento global y enfriar el planeta sólo se logrará llevando adelante una profunda transformación en la agricultura hacia un modelo sustentable de producción agrícola campesino e indígena/originario, y otros modelos y prácticas ancestrales ecológicas que contribuyan a solucionar el problema del cambio climático y aseguren la soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua y la producción de alimentos, garantizando, a través de una producción en armonía con la Madre Tierra, local y culturalmente apropiada, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados y nutritivos en complementación con la Madre Tierra y profundizando la producción autónoma (participativa, comunitaria y compartida) de cada nación y pueblo”.

Entonces, en Brasilia, en esta reunión reciente, las organizaciones plantearon varias directrices básicas para responder a las auténticas necesidades de los pueblos, con una lógica integral que las hace coherentes unas con otras: Los derechos humanos, sobre todo el derecho a la vida y el derecho a la alimentación. La soberanía alimentaria. Una reforma agraria integral, participativa, que reconozca los territorios y proteja los bienes naturales. El derecho a la libre determinación y la autonomía, al consentimiento previo informado. Los derechos de la Madre Tierra. Un sistema de producción alimentaria que mantenga la relación de armonía con la naturaleza y que se base en los saberes ancestrales de los pueblos, la agricultura campesina y la pesca artesanal. La libre circulación de las semillas y los saberes y que nadie se los apropie. El uso sustentable y sostenible de las tierras, territorios y bienes naturales. La participación plena y protagónica de las mujeres que con su sabiduría “nos motorizan a avanzar hacia una sociedad con equidad de género”. El potencial creativo y transformador de los jóvenes apoyando su permanencia en el campo y estimulando su protagonismo. Y que las directrices no deben ser “voluntarias”, deben ser vinculantes u obligatorias.

Grain.