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“Quien tiene tu pan o tu arepa, tiene tu dignidad”: Alternativas de producción local de alimentos frente a la gran minería

Es evidente que el auge de una nueva economía extractivista en el país representa graves amenazas para el patrimonio hídrico y la autonomía y soberanía alimentaría de la población. Este ensayo pretende ilustrar este dilema entre la gran minería y la producción local de alimentos, a partir de un análisis de distintas visiones sociales, económicas y ambientales contrapuestas de la sociedad.

Al final, intentaremos abordar ciertas facetas de la situación de la región nororiental, que toma como base el caso del páramo de Santurbán ubicado en los Santanderes, donde la gran minería afectaría la producción de agua y alimentos para la población local y regional.

Visiones de sociedad contrapuestas

Retomando el título de este ensayo que está basado en un antiguo proverbio árabe, y en la cultura milenaria del cultivo de trigo, pensamos que es fundamental afirmar el concepto de la “dignidad humana” consagrada en la Constitución colombiana, y su relación también con las culturas alimentarias de Latinoamérica, basadas en cereales andinos como el maíz, la quinua y el amaranto. Como expresan las palabras del maestro Mario Mejía: “El principio de la dignidad desafía las consideraciones economicistas a favor de las ventajas de la comida importada barata, subsidiada. Un país importador de comida es un país arrodillado, dependiente en lo más sensible de su autonomía”(1).

De esta manera, la seguridad alimentaria ha ido reduciéndose al mero consumo e ingesta de alimentos, y la compra y venta de ciertos productos. Mientras, la soberanía alimentaria no sólo exige que toda la población tenga acceso a los alimentos, sino que también plantea alternativas de producción, distribución y consumo que sitúe en su centro al campesinado y al derecho de los pobladores a comer alimentos locales, sanos y saludables. Es claro que la soberanía alimentaria pone en cuestión el monopolio empresarial y agroindustrial en toda la cadena alimentaria; resulta que hoy en día Colombia está importando casi el 100% del trigo (1,3 millones de toneladas) y 70% del maíz (3,2 millones de toneladas)(2).

Lo más grave, son los TLC con Europa y Canadá, que replican el error de la apertura económica que a principios de los años 90 causaron la contracción de la cuarta parte del área sembrada de cultivos en Colombia. Con estos nuevos tratados, el país se compromete a bajar los aranceles de los cereales y de los derivados ganaderos, como la leche y la carne, que incrementará más las importaciones de alimentos básicos, poniendo en riesgo la autonomía alimentaría y el sector agropecuario(3).

Si bien las políticas macroeconómicas apuntan a la “competitividad” como estrategia de integración a las cadenas productivas y a los mercados de exportación, muchas de las asociaciones campesinas y comunitarias, han visto que la forma más directa y beneficiosa de mercadeo de sus productos alimenticios y agrícolas es el fortalecimiento de los mercados locales, que comprenden más una política de la diversificación productiva, de la posibilidad de trueques entre comunidades vecinas y como única alternativa válida frente a la grave crisis de hambre y malnutrición(4).

Por lo tanto, queremos plantear que el debate sobre los impactos de la gran minería en la soberanía alimentaria es esencialmente un antagonismo entre visiones de sociedad contrapuestas. Por un lado, el impulso de un modelo de desarrollo extractivista centrado en industrias de minería, petróleo y agrocombustibles, construido a partir del acceso y control desigual a los limitados recursos minerales y energéticos y a los beneficios que se derivan de su uso. Y por otro lado, los reclamos de movimientos sociales por una transición a unas sociedades más justas y sostenibles, donde un aspecto esencial es el reestablecimiento de las comunidades locales en lugar del mercado global como unidad básica social, política y económica.

Los billetes no alimentan (5)

Es de anotar que la explotación de minerales en Colombia ha experimentado un proceso de crecimiento sostenido durante los últimos quince años en desmedro de los derechos de comunidades agrícolas y de pescadores artesanales que compiten por el acceso a bienes comunes como el agua, la biodiversidad y el suelo, en una lucha que es principalmente por el derecho al territorio. Ello tiene que ver con la creciente conciencia de que la gran minería y otras actividades extractivas son incompatibles con estrategias de vida basadas en economías locales, la sustentabilidad y la satisfacción de necesidades básicas fundamentales(6).

En los últimos cinco años la inversión extranjera directa para el sector minero colombiano ha representado en promedio 30% de la inversión extranjera total, alcanzando su máximo nivel durante el 2005, con un monto que superó los dos mil millones de dólares estadounidenses y desde entonces se ha venido estabilizado alrededor de los mil millones de dólares anuales(7). Según el Ministerio de Minas y Energía, esta inversión en exploración minera viene en gran parte de países como Canadá (44,76%), Sudáfrica (24,41%) y Suiza (9,81%).

Aunque aquí la palabra “inversión” es relativa en cuanto a la pregunta: ¿inversión para quién? Comúnmente los debates públicos se centran en el discurso de las compañías mineras como generadores del desarrollo, en donde el país recibe grandes cantidades de divisas con estas inversiones por parte de la minería transnacional. En realidad nunca debemos olvidar que son compañías mineras con la intención principal de sustraer minerales en el menor tiempo posible y hacer mucho dinero, sustentando sus economías en actividades con fechas de vencimiento(8). De allí es evidente la encrucijada en la que se encuentran los territorios rurales y las poblaciones campesinas e indígenas. En nombre del progreso y el crecimiento macroeconómico, estos pueblos rurales que han vivido en condiciones de hambre y empobrecimiento durante años de abandono, ahora ven que la tierra y la fuerza laboral son arrebatadas para los motores del "desarrollo" de la industria minera: “Hemos defendido los derechos que tenemos sobre nuestras tierras, la diversidad cultivada que protegemos, sobre el manejo sostenible de los recursos naturales y sobre la construcción de comunidades organizadas y equitativas. [...] Todo esto está amenazado e incluso tememos por nuestra integridad personal, familiar y comunitaria al ser objeto de persecución por no compartir la propuesta de explotación con quienes, en beneficio de intereses personales, ven en nuestras tierras la posibilidad de enriquecerse con la minería” (9)

Paradójicamente, las políticas públicas no ven el gran potencial agroclimático y alimentario de los paisajes rurales, y la posibilidad de rehabilitar los entornos campesinos, zonas pesqueras y los alimentos tradicionales, basándose en una gestión sostenible de la tierra y los bienes comunes. Tampoco ven que la agricultura sostenible basada en el campesinado puede ser un pilar de una economía local sustentable que ayuda a mantener y aumentar el empleo rural, y a la vez garantizar el derecho a la alimentación de pueblos enteros y ciudades, afianzando elementos como la identidad y cultura propia, la soberanía y el buen vivir a nivel nacional (10).

La encrucijada del páramo de Santurbán (11)

“Yo recuerdo que todo era muy abundante y la gente era muy generosa, los domingos el parque de Charta, que era un llano con pinos y tenía un quiosco, se convertía en un ventorrillo; sacaban toldos en donde se exponían los productos para el mercado. Don Pablo Marcial Valencia era el de las carnes de res y cerdo, y de granos secos como cebada, trigo, alverja y fríjol. Don Antonio Toloza vendía maíz amarillo criollo de ese boludo, los granos también eran de por aquí; todo lo traían a lomo de mula porque no había carreteras, también llegaban con las cargas de papa traída de la vereda Páramo Rico.... Las cosechas de trigo fueron decayendo, ya no se producía con la misma abundancia, entonces el gobierno empezó a importar trigo y así se acabó con toda una producción que se tenía en la región. Esto es lo que recuerdo de lo que se vivía los domingos en el parque, pero a mediados de los años sesenta el mercado en el parque de Charta se acabó” .(12) La ecoregión de Santurbán es un corredor que comparten Santander y Norte de Santander cerca de 200 mil hectáreas de páramos y bosques andinos que se caracterizan por su alto grado de conservación; un continuo biológico desde los 2.000 m.s.n.m. hasta casi los 4.000 m.s.n.m.; y un complejo de más de 58 lagunas, convirtiéndose en una zona esencial de recarga hídrica. La relevancia de este caso radica en cómo la vocación y el uso del territorio ha cambiado a favor de un modelo de desarrollo extractivista, que ha presentado cambios que afectan frontalmente la producción de agua y alimentos para la población local y regional.

La minería en esta zona, y específicamente el distrito de Vetas-California ha sido típicamente de subsistencia, aportando en 2006 solamente 0,89% de la producción nacional de oro, mientras los municipios rurales aledaños de Suratá, Charta, Matanza, Tona, Mutiscua y Cucutilla han mantenido su tradición y arraigo campesino. De hecho, la zona rural de Santurbán en su momento fue un gran proveedor de cereales (maíz, trigo, cebada), algunos cálculos iniciales con base en los diezmos, estiman que tan sólo en el valle de Suratá, se producían anualmente en los tiempos de la colonia, entre 500 y 600 toneladas de trigo(14). Hoy en día esta ecoregión está amenazada en convertirse en una zona de gran minería a cielo abierto, donde una sola empresa minera canadiense ya posee títulos de concesión de más de 30 mil hectáreas en la región(15). Datos reportados por la empresa Greystar hablan de una inversión de 140 millones dólares en el proyecto con una reserva de 15 millones de onzas en oro y 70 millones de onzas en plata(16).

Como todo proyecto de gran minería, vemos que las empresas multinacionales buscan esencialmente capitalizar sobre sus inversiones en el corto plazo (20 - 30 años), saqueando el patrimonio minero y dejando una gran huella ecológica: La amenaza no es sólo para Bucaramanga sino también para municipios del Norte de Santander. Según Corponor, 2,2 millones de personas utilizan el agua que nace en el Santurbán ... El proyecto de la Greystar contempla la remoción de más de mil millones de toneladas de material durante su operación. Imagínense el tamaño del hueco que quedará cuando termine la explotación, para entonces nos quedaremos sin agua, sin el empleo que genera la minería artesanal y con millones de toneladas de escombros y contaminantes regados en los valles y corrientes... Aparte de la destrucción física del páramo, la extracción de los metales que contiene el material implica el uso de 40 toneladas diarias de cianuro.

Desde luego, el reordenamiento poblacional que ha causado el conflicto armado, el desplazamiento y el abandono del campesinado ha resultado en un despojo del campo, lo cual es evidente en los censos poblacionales de la región que abarca el proyecto minero, con una pérdida de 16 a 22% en los últimos 20 años(18). Seguramente, las empresas mineras han sido cómplices frente a esta difícil situación de desarraigo y desamparo en la población, aprovechando esta realidad y ahora un mejor ambiente de “seguridad” en la zona para beneficiar sus propios intereses. El proyecto de gran minería inunda la región en una dependencia social y económica, opacando el surgimiento de iniciativas de desarrollo endógeno de la población local: “Greystar ha hecho cosas que permiten que ese campesino o su hijo puedan escoger trabajar con la empresa y durante un periodo de tiempo ir aprovechando ciertas mejoras en su vida ... El problema muchas veces en países donde se ve esa pobreza no es a raíz de la minería, sino que existió antes y los recursos de la minería van al gobierno central, no llegan los recursos a la región y el impacto no es tan bueno ... El petróleo y los minerales es como ganarse la lotería y si tú no sabes manejar el dinero, no se va a beneficiar".(19)

De hecho, testimonios de las comunidades perciben que la gran minería es un “monstruo” inminente, y que se encuentran con pocas alternativas y herramientas para defender su cultura campesina y territorio. Son frecuentes las historias que ilustran la erosión de la identidad y la cultura de ruralidad del pueblo, donde campesinos y pequeños mineros vendieron sus fincas o su mina para comprar un apartamento en Bucaramanga, para trabajar como taxista ó comprar una volqueta.

Como expresa francamente el Alcalde municipal de Suratá, es innegable la encrucijada que afecta el territorio rural y las familias campesinas, y desde luego la soberanía alimentaría de la región: “Siempre hemos sido perjudicados, ¿qué voy a hacer con esas 482 familias cuando se cree la zona del Páramo de Santurbán y no puedan tener un ave o una vaca, y no puedan tener los senderos que tienen? Salimos perjudicados por lado y lado, si se declara Páramo o para la minería”(20).

Notas:

1. Mario Mejía Gutiérrez, “Agricultura y Ganadería Orgánicas a Condiciones Colombianas: Retorno de los Pobres al Campo”, Cali, Artes Gráficas, primera edición, septiembre de 2006.

2. Datos de 2006 tomados de la FAO y citados en el “Segundo Informe sobre la Situación del Derecho a la Alimentación en Colombia”, Juan Carlos Morales González, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Bogotá, Marzo de 2010, p: 57.

3. Eduardo Sarmiento, “TLC con Europa y Canadá”, columna de opinión, El Espectador, 10 de Julio de 2010.

4. Declaración de los pueblos en Klimaforum09: “Cambiemos el Sistema, No el Clima”, Copenhague, Diciembre de 2009.

5. Tomado del Editorial de Vanguardia Liberal (20 de abril de 2010), sobre la advertencia que lanzó el gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga sobre el peligro inminente en el que se encuentran las fuentes hídricas de la ciudad por cuenta de la explotación minera; disponible aquí.

6. César Padilla, “Minería: ¿Desarrollo o Amenaza para las Comunidades en América Latina?”, Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL, Deslinde No. 46, mayo - junio de 2010, pp.: 39-40.

7. Sistema de Información Minero Colombiano - SIMCO, Contexto Económico Colombiano a 2007, Bogotá, disponible aquí.

8. César Padilla, op. cit. p: 51

9. Declaración pública: “El campesinado de Caramanta y la región acorralados por la minería a gran escala”, Caramanta - Antioquia, Julio de 2008.

10. “Documentos Políticos de La Vía Campesina”, V Conferencia Mozambique (17 - 23 de Octubre, 2008). p. 202. Disponible en: Vía Campesina.

11. Una descripción más completa de este caso es presentado en el estudio: “Tierras y Conflicto - Extracción de Recursos, Derechos Humanos y la Responsabilidad Social Empresarial”, Mining Watch Canadá - Censat Agua Viva - Inter Pares, Septiembre de 2009. Disponible aquí

12. Myriam Villamizar, “La Voz de los Abuelos”, Revista Despertar Campesino, Fundaexpresión, Bucaramanga, 2006, pp: 53 - 55.

13. “Prioridades de Conservación de la Biodiversidad en los Ecosistemas del Complejo Paramuno de Santurbán”, 2320-PH1-SPCA-80-004, CORPONOR - CDMB - ISA, Mayo de 2002.

14. Pabón Villamizar (1995) - Ensayos de Historia Regional y citado en el estudio “Santander Nuestro Departamento”, Centro de Estudios Regionales - UIS, Bucaramanga, 1999, p: 60.

15. Consulta al Catastro Minero Colombiano - INGEOMINAS

16. “Trastornos por la Fiebre del Oro” - entrevista a Frederick Felder, vicepresidente de Greystar Resources Ltd., El Espectador, 12 de Julio de 2010.

17. Jairo Puente Brugés, “Explosivos y Cianuro contra Nuestro Páramo”, columnista, Vanguardia Liberal, 28 de Julio de 2010.

18. Dinámica poblacional 1993 - 2005, municipios de Charta, Suratá y Vetas. Fuente de datos: Vea aquí

19. Trastornos por la Fiebre del Oro” - entrevista a Frederick Felder, vicepresidente de Greystar (op. cit.)

20. “El Páramo de Santurbán, un largo dilema que captó a la Asamblea de Santander”, Vanguardia Liberal, 30 de Julio de 2010

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