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Galicia y otras ocho comunidades autónomas --Baleares, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Valencia, Aragón, Castilla La Mancha y Castilla León-- se han unido para eliminar trabas burocráticas, con el reto de "mejorar" la prevención y la vigilancia, así como de "agilizar" los trabajos de extinción de incendios forestales, según ha anunciado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
El convenio, que ha recibido este jueves el visto bueno del Consello de la Xunta, se fraguó en la reunión celebrada en marzo de 2010 en Palma de Mallorca, donde ocho comunidades acordaron impulsarlo para "salvaguardar" los montes. El departamento que dirige Samuel Juárez presentó una addenda para que Galicia se pueda integrar en este acuerdo.
Según ha explicado Núñez Feijóo, se adoptan varias medidas de colaboración, con programas específicos de concienciación, al tiempo que se constituyen las denominadas "zonas de ayuda inmediata" en el caso de que se produzca un incendio, que abarcan desde la línea divisoria de las comunidades hasta una distancia de alrededor de cinco kilómetros.
De este modo, en los fuegos que se produzcan en estas zonas limítrofes, los efectivos de extinción de cualquiera de las comunidades que se encuentren más próximos al lugar podrán actuar "con una comunicación" y sin necesidad de formalizar la petición de ayuda.
"Se clarifica la responsabilidad de todos en momentos de dificultad, eliminando las trabas burocráticas que podían ralentizar la actividad o la movilización de efectivos forestales entre comunidades limítrofes", ha celebrado el máximo mandatario autonómico.
ATENCIÓN A EMERGENCIAS
Por otra parte, el Gobierno gallego ha autorizado también este jueves un segundo convenio de colaboración con otras ocho comunidades --La Rioja, Euskadi, Cataluña, Andalucía, Valencia, Aragón, Baleares y Castilla y León-- para fomentar "una correcta coordinación" de sus competencias en esta materia, que se traduciría "en un beneficio" para sus ciudadanos y en una gestión "más eficiente" de sus recursos.
Según recoge el texto, las autonomías colaborarán entre sí en situaciones de grave riesgo o catástrofe, acercando medios materiales, humanos y económicos. Las peticiones de ayuda y colaboración se canalizarán a través del teléfono de emergencias del 112 y se harán a través de los centros de coordinación tanto de la comunidad peticionaria como de la receptora.
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