Ecuador,reclamos por No prevencion ante incremento de lluvias

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Mientras los ríos crecen por las lluvias, y con ello la preocupación en zonas ribereñas ante posibles desbordamientos, municipios y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos discrepan sobre la ejecución de obras de prevención. Ambos tienen la responsabilidad de atender las emergencias por desastres naturales, según la Constitución.

María del Pilar Cornejo, secretaria de Gestión de Riesgos, cita que el Estado dispuso $ 100 millones para dar a cabildos y prefecturas que presenten planes de mitigación. Pocos buscan estos fondos, refirió.

Una piladora y cuatro casas tienen sus bases carcomidas, parecen caerse hacia el lecho del estero Guachapelí, en el Barrio Lindo, de la parroquia General Vernaza, cantón Salitre (Guayas). El cauce está que crece con las lluvias de los últimos días y sus aguas amenazan con arrasar los muros. Igual sucede en otros sectores ribereños. El futuro de los habitantes depende de lo que hicieron o no los organismos encargados de la prevención de desastres. Enrique Jiménez, dueño de una de las viviendas, se apresta a colocar tablas y sacos de arena para evitar el colapso. Dice que se cansó de esperar que el Municipio o la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) hagan una obra de protección.

La respuesta en estas dos entidades es contradictoria, pese a que la Constitución, en sus artículos 389 y 390, dispone que son las responsables de coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias.

El caso de Barrio Lindo se repite en otras zonas de Guayas, Manabí, Los Ríos y otras provincias del país.

Frente a la presencia de intensas lluvias en algunos sectores de la Sierra y el Oriente o la inminencia de un invierno fuerte en la Costa, la secretaria nacional de Gestión de Riesgos, María del Pilar Cornejo, señala que, según la nueva Ley de Ordenamiento Territorial, son los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), en este caso municipios y consejos provinciales, los que deben atender la prevención y contingencia.

Y argumenta que el Estado ha destinado $ 22 millones para 118 obras cuyos contratos se firmaron hace un año. Dice, además, que se ha dispuesto $ 100 millones para obras de prevención, la mitad para entregar en forma directa y el resto, para préstamos por medio del Banco del Estado. Cornejo indica que los GAD solo han hecho pedidos por $ 35 millones.

Pero Francisco León, alcalde de Salitre y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) en Guayas, señala que los cabildos sí han solicitado; se queja porque el tiempo ha pasado en trámites y en muchos casos los municipios ni siquiera han conseguido que les revisen sus proyectos.

Y ese es el caso de Barrio Lindo y los otros ubicados en las riberas del estero Guachapelí, de General Vernaza. “Nosotros pedimos obras de prevención para ese sitio, desde octubre. Las casas están casi en el aire pero no nos aceptaron. Dijeron que pongamos 50/50, pero igual no nos atendieron y ahora ya no se puede trabajar”, indica.

Agrega: “Nos han hecho caso omiso al tema; se han hecho muchos oficios. Cuando vamos a Quito dicen que los papeles están en Guayaquil y llegamos a Guayaquil e indican que están en Quito. Muchos municipios tienen ese mismo problema”.

Cita también que en casos como el de Isidro Ayora (Guayas), la SNGR no les ha pagado unas obras de emergencia cuyo desglose lo presentaron en enero. Y cita que para una obra de emergencia se les pide “un montón de documentos” y sin embargo, no califican la obra.

Hay otras zonas que aducen falta de atención. Por ejemplo, los sectores ribereños del río Cañar, que culebrea por 5 kilómetros de producción agrícola de Puerto Inca, al sur de Guayas. El afluente se desborda casi en todos los inviernos.

Como medida de prevención y en atención a los agricultores, la SNGR levantó una barrera de unos 6 metros de altura con lastre, y unos 50 metros de ancho para enrutar el cauce, justo en la entrada del estero Trovador, para evitar que las aguas ingresen a este ramal, se desborden e inunden los sembríos que abarcan 350 hectáreas, según Vicente Vega, secretario de la Junta Cívica de Puerto Inca.

Vega vaticina que el muro poco va a servir: “Se va a ir con la primera correntada”. Eso lo dijo incluso en un comunicado que envió a la SNGR de Guayas. Anota en la misiva, con sello de recibido con fecha 2 de diciembre del 2010, que el muro no fue diseñado técnicamente y que le faltan 1,20 m adicionales para alcanzar la altura correcta.

“Le falta compactación”, anota Vega y señala que se debería colocar piedras de escolleras. Cornejo responde que allí se hará un plan integral, un proyecto que abarque toda la cuenca y que deberán salir campesinos que se asientan en sectores de riesgo.

La SNGR asumió las obras que ejecutaba, al desaparecer por ley, Corpecuador. Una de estas es el puente El Ceibal, en la vía Portoviejo-Rocafuerte, que permanece abandonado, a medio construir, en una zona donde la vía se inunda en el invierno. Cornejo dice que este pasó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.En Portoviejo y otras ciudades, organismos de socorro como Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y las delegaciones de la antigua Defensa Civil, indican que, por ejemplo, tienen botes pero en algunos casos no tienen los motores o deben repararse. La SNGR acota que en contingencias debe actuar el Ejército con sus equipos.

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