Colombia,mineria ilegal en Tolima

Colombia

Mineria-ILEGAL

Dale kick en observa,y lee la informacion 

A la tragedia ambiental que vive el sur de Tolima debido a la minería ilegal se suma un coctel de irregularidades, que van desde permisividad de las autoridades hasta el pliego de cargos contra un muerto.

El pasado 7 de octubre, a la medianoche, un operativo conjunto de Cortolima, CTI y Fiscalía en el sur de Tolima dejó al descubierto dos cosas: la primera, un nuevo desastre ambiental producto de la voracidad por el oro; la otra, la permisividad y ne­gligencia de autoridades municipales y de la Policía, de acuerdo con los propios investigadores.

La escena dramática y desoladora que registró en su momento Catorce6 producto de la minería ilegal del río Dagua (en Valle) o de Ayapel (en Cór­doba) se repite en Tolima, pero peor.

Al margen del río Saldaña, en el triángulo confor­mado por Coyaima, Ataco y Chaparral, así como en al menos 24 ‘frentes de trabajo’, el otrora paisaje verde de tierra caliente se convirtió en uno gris por cuenta del cuello mecánico de más de 80 máquinas retroex­cavadoras que se fueron instalando en la zona en menos de un año. Los poderosos aparatos remueven todo a su paso en busca de ‘chispitas’ de oro.

El área es hoy una especie de campo de batalla franqueado por gigantescos socavones, pilas de roca y tierra, y un ejército de hombres y mujeres que se vinieron de departamentos como Chocó, Valle, Cauca y Antioquia con la esperanza de topar­se con un futuro brillante.

De la misma manera en que los pájaros rodean al toro mientras este come, esperando que salte algún insecto, trabaja este enjambre de ‘buscate­soros’ entorno a la máquina que revuelca todo a su paso. Varios de ellos han muerto golpeados por la inmensa cuchara de hierro.

La primera pregunta que se hacen directivos del CTI y la Fiscalía es cómo lograron llegar hasta ese triángulo que solo tiene una vía de acceso– casi un centenar de máquinas retroexcavadoras (que además solo pueden ser transportadas por tracto­camiones) sin permiso o licencia alguna, ante la mi­rada de las autoridades.

Incluso, algunas de esas máquinas dice la di­rectora de Cortolima, Carmen Sofía Bonilla fueron las mismas que originaron la emergencia ambien­tal en Córdoba y Valle, lo que hizo que el presiden­te Juan Manuel Santos y la ministra de Ambiente Beatriz Uribe, le declararan la guerra frontal a la minería ilegal.

“Todas las máquinas entraron por Ataco sin con­trol de ninguna autoridad”, denuncia la directora de Cortolima y agrega que ha recibido presiones de todo tipo para devolverlas, hasta del propio Conse­jo Directivo de Cortolima. “El Consejo Directivo (de Cortolima) no tiene por qué opinar siquiera (…). Estaría extralimitándose en sus funciones”, afirma enfá­tica. Y es que las irregularidades pululan.

Tuvo acceso a un expediente en contra de Adolfo León Álvarez, esposo de Carolina Rodríguez de Álvarez, alcaldesa del municipio tolimense de Ata­co, precisamente por minería ilegal. La investigación la origina una denuncia de un ciudadano que se que­ja por esa actividad en contra del ambiente.

Lo curioso es que el pliego de cargos que eleva la seccional de Cortolima por deforestación, con­taminación de suelos y acuíferos, entre otros, no tiene en cuenta el número de cédula del esposo de la Alcaldesa sino el de su hijo, que se llama igual y que había sido asesinado por las Farc dos años antes, cuando aspiraba a convertirse en alcalde de la población.

De hecho, el difunto se desempeñó como fun­cionario de Cortolima, junto a Guillermo Caste­llanos Molina, quien firma el documento y quien ocupaba –antes de ser destituido– la dirección de esa seccional de Cortolima.

Pero ahí no paran las irregularidades. El expe­diente, que resuelve sancionar al infractor, sorpren­dentemente no lo obliga a parar la actividad sino que se limita a decretar una multa de un millón de pesos, algo irrisorio si se tiene en cuenta que una sola máquina puede producir, de acuerdo con la Fiscalía, más de 30 millones de pesos cada día.

Esta revista contactó a Adolfo León Álvarez, para quien el proceso no es en su contra sino en contra de su hijo. “Eso no es más que una jugada política”, sostuvo. Y pueda que tenga algo de razón, pues otras fuentes consultadas dijeron que quien ins­tauró la queja también ejerce la minería ilegal.

Quiso conocer la opinión de la Al­caldesa sobre este tema, pero pese a más de una decena de mensajes y razones telefónicas dejadas con su esposo y con su secretaria, la mandataria no respondió a los llamados.

No obstante, en una entrevista que sí le concedió a un medio regional, la señora Rodríguez acepta que faltó contundencia de parte suya frente a esa actividad que se venía encima. “Fue problema de nosotros mismos, que no nos pusimos de acuerdo en decir: esto está perjudicando el medio ambien­te”, dice la mandataria en la entrevista.

Bomba social

El operativo del 21 de octubre, en el que 13 personas fueron capturadas y en el que Cortolima incautó 50 máquinas retroexcavadoras, 25 moto­bombas, cinco buldózer, una zaranda industrial y hasta escopetas y munición, ha generado revueltas y desmanes que ya dejan varios heridos y en las que han tenido que intervenir escuadrones anti­disturbios de la Policía.

Los manifestantes alegan derecho al trabajo y exigen que las máquinas sean devueltas. “Nosotros no hemos tocado a los barequeros, que han traba­jado en la minería artesanal toda la vida. Nuestras acciones son contra los propietarios de las retroex­cavadoras, que están arrasando todo a su paso”, dijo por su parte la Directora de Cortolima.

Desde el día del operativo, en un lote de Ataco se mantienen paralizadas y custodiadas las máqui­nas, a la espera de ser sacadas de la zona. Y aun­que las autoridades ambientales han dicho que se llevarán hasta el último tornillo, los propietarios y barequeros han amenazado con incendiarlas antes que dejarlas salir.

Y es que hay mucha plata de por medio. El infor­me de incautación asegura que el valor de la ma­quinaria decomisada asciende a los 4 mil millones de pesos y de acuerdo con investigaciones de la Sección de Análisis Criminal de la Fiscalía, el deco­miso es además un golpe fuerte contra las finanzas del frente 21 de las Farc, que se nutre de las llama­das ‘vacunas’ que les vienen haciendo a los dueños de las máquinas y de los tajos de montaña.El otro asunto que investigan las autoridades tiene que ver con el supuesto pago de regalías al municipio por concepto de la minería ilegal. Catorce6 logró establecer contacto con Martín García*, propietario de cinco de las máquinas que se encuentran paralizadas, quien afirmó que él mismo, en compañía de otros tres dueños de máquinas, le han pagado al municipio en lo que va del año más de 400 millones de pesos por la actividad que vie­nen haciendo. De ser ciertas esas afirmaciones, las autoridades municipales deberán responder ante la ley por el atípico tributo que están recibiendo.

Si bien ya existen algunos proyectos producti­vos que echó a andar la autoridad ambiental, no solo para remediar el problema de deforestación y de daño a los recursos naturales sino para enfriar los ánimos de la mayoría de habitantes y brindarles alternativas productivas ante la crisis, la verdad es que la minería, legal o ilegal, es y será una realidad en la zona.

Falta ver si el Gobierno Santos consigue atribuirle criterios de sostenibilidad a dicha actividad, o si va­mos a tener muchos más panoramas tristes y desér­ticos por cuenta del brillo deslumbrante del oro.

Gracias a: