El vertido de la plataforma petrolera Deepwater Horizon en las aguas del Golfo de México amenaza con convertirse en uno de lo peores desastres naturales en la historia de Estados Unidos. Y también en una de las más grandes marañas burocráticas sobre el control de la situación. El pasado 1 de mayo, el almirante de la Guardia Costera de EE.UU., Thad Allen, asumió el rol de Comandante del Incidente Nacional, o lo que es lo mismo: responsable de coordinar y supervisar todas las respuestas al desastre.
Por el momento, bajo el control de Allen -que también fue encargado federal de las operaciones de reconstrucción de Nueva Orleans tras el paso del Katrina en 2005- se desplegaron más de 150 kilómetros de barreras para contener el crudo y 200 barcos y 7.500 personas trabajan en la operación.
La Casa Blanca dispuso además un plan para que una organización de 16 instituciones federales -desde la Agencia de Protección del Medio Ambiente al Departamento de Comercio- trabaje codo a codo con autoridades locales y estatales. Y con la compañía British Petroleum.
Es precisamente el papel de la petrolera el que despertó algunos recelos en los últimos días entre quienes trabajan en el terreno.
"Relación de increíble colaboración"
El director de la compañía, Tony Hayward, sostuvo que BP mantiene una "relación de increíble colaboración" con las autoridades.
Y en una entrevista descartó que haya diferencia de criterios con los funcionarios estadounidenses.
Pero algunas organizaciones denuncian que la compañía británica ha tomado de hecho el control de muchas de las tareas de campo.
BP, que ha reconocido "total responsabilidad" por la limpieza del vertido, está instalando oficinas en Venice (Luisiana), Pascagoula y Biloxi, (Mississippi), Mobile (Alabama), y Pensacola (Florida) dirigidas por empleados de la empresa "para facilitar información sobre los últimos acontecimientos".
Este martes anunció que ordenó la construcción de una gigantesca cámara de hierro que frene el vertido de 5.000 barriles diarios de crudo al mar.
Además, está contratando a pescadores sin empleo para formar parte de los llamados "barcos de la oportunidad" que limpian en la zona, y es quien coordina el centro de recepción de animales contaminados de Fort Jackson (Luisiana), operado por organizaciones ambientales.
"Mucho poder"
"No sé si está coordinando con las autoridades, pero lo cierto es que BP tiene mucho poder de decisión en lo que se está haciendo, por ejemplo en las contrataciones de personal", dijo desde Venice, uno de los pueblos más afectados por el derrame, Ben Weber, representante en Luisiana de la Federación Nacional de la Vida Salvaje.
"Lo único que debería estar haciendo BP ahora es preparar la chequera", dijo por su parte Mark Floegel, investigador del grupo ecologista Greenpeace.
Según la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés), "el propietario o el operador de una instalación de la que salga el petróleo es responsable de los costos asociados" con el derrame, de acuerdo a una ley de Contaminación Petrolera de 1990.
Por lo que el gobierno podría exigirle a la compañía una factura de miles de millones de dólares por todos los gastos que está ocasionando el petróleo.
Demandas
El representante de Greenpeace también le dijo a BBC Mundo que BP "debería retirarse y dejar que el gobierno hable con los pescadores locales para encontrar las soluciones más efectivas", ya que, según denunció, la compañía "sólo está actuando por miedo a una ola de demandas".
Las primeras ya le han llegado de manos de las familias de los trabajadores desaparecidos en el accidente del Deepwater Horizon y de pescadores directamente perjudicados por la mancha.
De hecho, en los bares del puerto de Venice no es raro ver convivir a pescadores y marineros sin trabajo con abogados en busca de clientes.
Por eso, algunos temen que el complejo organigrama actual de la limpieza del golfo acabe derivando en una batalla legal sobre responsabilidades.
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